Durante dos años, una pieza separada de la Audiencia Nacional ha permanecido prácticamente invisible. No había movimiento, no se practicaban diligencias, no se incorporaban informes y, sobre todo, no se dejaba ver su contenido. Se trata de la pieza 34, creada para examinar los audios íntegros que relacionaban a María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo en la trama Kitchen. Pero, en lugar de servir para esclarecer hechos, terminó convertida en un mecanismo para tapar a la exministra y ex secretaria general del PP, a Mariano Rajoy y al propio Partido Popular.

El silencio judicial permitió que el procedimiento avanzara sin el material que la propia Policía Judicial consideraba relevante para determinar la participación de Cospedal. Los audios completos, incorporados desde 2022, verificados por la Policía Judicial y señalados como clave para determinar si Cospedal intervino en la operación contra Bárcenas, no fueron escuchados, ni transcritos, ni valorados por el juzgado. Así lo afirma el PSOE en un escrito solicitando diligencias de investigación, que recuerda que las grabaciones recogían conversaciones directas sobre la “libretita”, presiones internas en la UDEF, manejo de información reservada y contactos políticos al más alto nivel. Un material explosivo que, pese a su relevancia, permaneció cerrado bajo llave.

Cuando por fin se ha permitido un acceso limitado (en noviembre de 2025), la suerte ya estaba echada: la pieza principal de Kitchen llevaba tiempo cerrada y la Sala encargada del juicio jamás recibió los audios, pese a reclamarlos expresamente. La pieza 34 quedó así reducida a un cajón estanco, un compartimento donde se habrían ocultado deliberadamente pruebas que afectaban a Cospedal y al Partido Popular en pleno proceso judicial.

La secuencia procesal alimenta esta sospecha. En octubre de 2023, la Policía Judicial entrega un informe detallado señalando la importancia de tres grabaciones completas de Cospedal con Villarejo. El juzgado los incorpora… y ahí acaba todo. No se estudian, no se abren diligencias, no se trasladan a las partes, no se suben ni siquiera a la plataforma digital del procedimiento. Más de dos años en un limbo procesal que, según el escrito socialista, no puede explicarse como un simple retraso, sino como una maniobra destinada a impedir que los hechos nuevos reabrieran la causa contra la ex dirigente del PP.

Mientras tanto, los audios esperaban en la sombra. En ellos, Cospedal recibe información reservada, comenta estrategias para contener los papeles de Bárcenas y, ya en 2017, se compromete incluso a hablar con el Fiscal General del Estado y con el ministro Luis de Guindos para aliviar la presión de Anticorrupción sobre Villarejo. Pero todo ese contenido quedó fuera del radar judicial. Ni una escucha, ni una transcripción, ni una valoración.

La inactividad no fue casual. Los autos que rechazaban nuevas diligencias repetían argumentos antiguos, ignorando los hallazgos policiales. La Sala pidió el material: nunca lo recibió. El juzgado dio por cerrada la cuestión basándose en informes anteriores, sin examinar los audios que podían comprometer a uno de los pilares del PP en los años de la Kitchen.

Por eso el PSOE sostiene ahora que no hubo desorganización, sino una operación de contención judicial para evitar que Cospedal y el Partido Popular volvieran a quedar expuestos en una de las causas más sensibles de la última década. Y por ello solicita que se cite a declarar como investigados a Cospedal, a su expareja Ignacio López del Hierro y al Partido Popular como persona jurídica, además de exigir que la Audiencia Nacional levante el blindaje que ha mantenido oculta la pieza 34 durante más de dos años.

La pregunta, vista la trayectoria de esta pieza sepultada, ya no es si hubo un retraso o un error administrativo. La pregunta es si la Audiencia Nacional ha actuado como un órgano de justicia o como un escudo político. Porque la pieza 34 nació para esclarecer. Y ha terminado, según denuncia la acusación, sirviendo para proteger al PP.