Los tejemanejes desplegados por el que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y todo su equipo durante los gobiernos de Mariano Rajoy siguen saliendo a la luz. El conocido ya como caso Montoro está destapando una montaña de irregularidades que no se detienen únicamente en la presunta aprobación fraudulenta de leyes para beneficiar a grandes empresas, a cambio de comisiones abonadas a través de Equipo Económico, despacho fundado por el también ministro durante el segundo mandato de José María Aznar. La otra arista de la trama apunta a la recepción de información privilegiada de forma ilegal.
Montoro recibió en el año 2015 un correo electrónico, a una dirección con la que pretendía disimular que detrás se escondía su persona (aromero@minhap.es), en el que se incluía el escrito de la Fiscalía Anticorrupción referido al caso de la caja B del Partido Popular (PP). Y lo tuvo en su poder, tal y como revela este jueves elDiario.es, antes de que llegase a las partes personadas en el juicio e, incluso, con anterioridad a que fuera presentado ante el instructor de la causa, Pablo Ruz.
Por si fuera poco, y quizá lo más las relevante, el escrito que llegó de forma ilícita a las manos de Montoro estaba realizado por el único fiscal que en ese momento se encontraba en el caso, Antonio Romeral, muy criticado por las acusaciones populares por actuaciones como dejar fuera al PP de la acusación por delito fiscal o no pedir la prisión provisional para el tesorero Luis Bárcenas. Casualidades de la vida, ascendió tras el cierre del caso y ahora es uno de los fiscales que está intentando boicotear la investigación al exministro.
Romeral no consiguió librar al PP ni hacer más pequeño uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España, pero, casualidades de la vida, fue ascendido a número dos de la Fiscalía Anticorrupción, tan solo por debajo en este órgano de Alejandro Luzón. Este segundo fiscal se encuentra ahora también en el foco por ser el principal obstáculo para que no se amplie la investigación contra el exministro. Para este cometido, ha asignado al propio Romeral, precisamente, la supervisión censora de Carmen García Cerdá, fiscal al cargo del caso Montoro que quiere ahondar en las pesquisas.
Sin embargo, para García Cerdá está siendo imposible avanzar ante el bloqueo del número uno y número dos de Anticorrupción, viejos conocidos en Génova 13. La fiscal trasladó a Luzón a mediados de 2023 la necesidad de ampliar la investigación a correos como el destapado este jueves, pero ante la negativa de los jefazos se vio obligada a recurrir al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a cualquier miembro del Ministerio Público dejar patente su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior.
Esto se tradujo en una reunión de fiscales, unos meses después, en la que Luzón hizo fuerza con su camarilla para imponer su praxis, dejando a García Cerdá con tan solo el apoyo de cuatro compañeros, que también consideraban que lo conveniente era ampliar la investigación para conocer cuál era el uso que Montoro daba a la información confidencial de los contribuyentes, muchos de ellos rivales políticos o enemigos íntimos, de la que disponía. Sin embargo, Luzón consideró que traficar con esta información tiene amparo legal y puso fin a las pretensiones de la fiscal al cargo.
La conexión con la caja B del PP
Romeral sigue ahora de cerca los pasos de García Cerdá, tal y como le ha encomendado Luzón; sin embargo, hace diez años era algo más laxo con la interpretación que hacía de la participación del PP en toda la trama corrupción que terminó con la condena del partido como responsable civil subsidiario de los delitos de Bárcenas. Por aquel entonces, Romeral elaboró un escrito que exculpaba al PP. El escrito que llegó antes a Montoro que al propio juez instructor.
El escrito aparece en un correo enviado el 9 de marzo de 2015 por el jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, Felipe Martínez Rico, al mail abierto del Ministerio, del que los investigadores han determinado que disponía Montoro. En el cuerpo del mail, Martínez Rico apunta a que el primer receptor del informe es Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria en aquel momento e imputado en el caso Montoro por beneficiar a las gasistas con cambios normativos y con la intervención de Equipo Económico.
“A Santiago le han enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz”, se refiere Martínez Rico a la información que llegó a manos de Menéndez. La tercer en discordia, a más del juez citado en el correo, es la jefa de la Secretaría del Ministro, a la que le habría llegado el correo de la secretaria de otro Ministerio, en este caso el de Justicia. Las cartas marcadas y la respuesta preparada antes incluso del pronunciamiento del juez.
“Todavía no tenemos conocimiento de ningún escrito del juez Ruz a la AEAT (Agencia Tributaria), pero ya tiene cobertura suficiente para insistir en su planteamiento”, reconoce Martínez Rico en las siguientes líneas del correo. “De momento, la AEAT está preparando escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz”, añade, evidenciando la toma de parte de un organismo como la Agencia Tributaria. La Fiscalía y la AEAT defendiendo que el PP no tenía que tributar por las donaciones ilegales, mientras las acusaciones populares y el propio juez se llevaban las manos a la cabeza sin entender el proceder. Con lo relevado este jueves, toda la ciudadanía comprende ahora el por qué.
