La reducción de la jornada laboral fue la bandera electoral de Sumar, partido minoritario de la coalición. Su líder y ministra de Trabajo y Economía social una legislatura más, Yolanda Díaz, prometió un descenso hasta las 38,5 horas semanales este curso y hasta las 37,5 horas el que viene; sin embargo, la negativa de la patronal a encontrar una solución negociada está alargando los tiempos y los sindicatos se desesperan ante la inacción de un Gobierno que consideran demasiado preocupado en contentar a la patronal.

La cartera de Trabajo no para de ceder en busca del sí de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La última oferta ha sido un paquete de bonificaciones y un plan de apoyo para las pequeñas empresas que acometan la reducción, más allá de la progresividad en la aplicación ofrecida por Díaz, pero los de Antonio Garamendi no parecen por la labor de alcanzar un acuerdo. Ante esta tesitura, CCOO y UGT señalan a los empresarios, por su negativa a llegar a un punto de consenso, y advierten al Gobierno.

El primer paso que darán las organizaciones sindicales está fechado el 26 de septiembre, momento en el que sus afiliados acudirán a las sedes de las patronales para presionar a sus inquilinos. “La actitud de bloqueo” de la CEOE “impide avanzar en un acuerdo”, ha denunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que considera clave reducir una jornada laboral que “sigue instalada en las 40 horas semanales desde el año 81”. “Hay que llegar al menos a esas 37 horas y media y para eso toca movilizarse, como tantas otras veces en la historia", ha defendido.

"Vamos a exigir a la CEOE que mueva su posición en las mesas de negociación, y en caso de que continúe el bloqueo, continuará la movilización", ha adelantado el líder sindical, que también ha dado un toque de atención “al Gobierno y a los partidos políticos”. El ansiado acuerdo tripartito que Trabajo persigue en todas las negociaciones cada vez se torna más complicado y, si bien es la manera con la que la vicepresidenta segunda busca dotar la reducción de un carácter incuestionable, no es necesario. No lo fue para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta actuación es la que ahora UGT y CCOO demandan al Ejecutivo: si los empresarios no quieren un acuerdo a tres bandas, los sindicatos y el Gobierno deben cerrar un texto bipartito. Si la CEOE no cambia de postura y la coalición no sigue esta senda, las movilizaciones sindicales ampliarán su foco y señalarán también al poder político. "Se puede reducir la jornada de trabajo para repartir la riqueza, para mejorar los salarios, para mejorar la vida de las personas trabajadoras, para poder conciliar mejor vía laboral y profesional", se ha posicionado Sordo.

No obstante, más allá de la intención que pudiese tener el Gobierno en sacar adelante la reducción sin el visto bueno de la patronal, lo cierto es que el escollo más grande se encuentra en sede parlamentaria. El Ejecutivo atraviesa uno de los momentos más tensos con sus socios parlamentarios y la necesidad de contar con los apoyos de Junts complica toda iniciativa. Enrabietados por el ascenso de Salvador Illa a la Generalitat, por un lado, y posicionados por propia naturaleza con la parte empresarial, por el otro, los de Carles Puigdemont tienen la llave una vez más.

La CEOE es más que consciente de la aritmética parlamentaria y, si el Ejecutivo decide puentearles, el siguiente paso sería hacer valer su influencia en las formaciones políticas. Así, la patronal espera que la vicepresidenta segunda concrete su propuesta de bonificación para calcular sus próximos pasos en la mesa de negociación. Mientras, aguardan sin especial preocupación el otoño caliente que preparan los sindicatos. Once meses han transcurrido ya desde la firma del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar y, por el momento, la jornada sigue instalada en las 40 horas semanales.