Si se le preguntara al Alberto Núñez Feijóo de principios del mes de julio, previo al Congreso extraordinario que le ratificó como preboste conservador, probablemente hubiera proyectado un final de curso político diferente. Sin embargo, de la euforia y optimismo que reinaba en Génova tras el cónclave apenas quedan algunas pavesas rebeldes en el cenicero. La concatenación de contratiempos - en forma de imputaciones o dimisiones – provocó el enésimo golpe de timón para reconducir al PP a una ruta más a la derecha. De ahí que el gallego clausure el curso con una subida de tono en materia migratoria – coto de caza privado de Vox -, así como contra el presidente del Gobierno, a cuya acción de Gobierno promete pasar una vileda y restaurar la confianza en las instituciones.
Una enmienda a la totalidad al sanchismo que tiene como medida estrella la derogación de una ley cuyo efecto sería absolutamente inocuo. El propio Feijóo lo admitió en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido el pasado lunes, solapándose con el “mitin” de final de curso del presidente del Gobierno en el que se pudo poner negro sobre blanco en términos de estrategia y argumentario. Navegando entre las grandilocuencias propias de estos actos, se topa con la promesa pre vacacional del jefe del principal partido de la oposición. Su intención es regresar de las vacaciones con un listado de leyes de la coalición “para derogar”, cocinándolo en el mismo fuego que otro itinerario de alternativas para “sustituirlas”; el ”último día de la etapa negra del sanchismo”. Es decir, “el primer día de su Gobierno”.
Amnistía: la joya de la corona
La intención del presidente del Partido Popular es empezar con la Ley de Amnistía; articulado sobre el que los conservadores edificaron parte de su estrategia a principios de legislatura. De hecho, fue la excusa para trasladar la presión al Gobierno desde las calles, donde coincidían – no físicamente – con las hordas ultraderechistas que colapsaron e incendiaron las inmediaciones de Ferraz. La que hasta principios de mes era la secretaria general del partido – sustituida por Miguel Tellado -, Cuca Gamarra, apuntó a la medida de gracia en una entrevista concedida a Europa Press.
La cuestión aquí pivota sobre el siguiente interrogante: ¿Es posible desamnistiar a alguien? A esta misma pregunta responden desde el Partido Popular, con una enmienda a su propia propuesta, al reconocer abiertamente que los efectos de la Ley de Amnistía no son reversibles. Dicho de otro modo, en palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, “no se puede corregir”. Lo que sostienen en la sala de máquinas de Génova es que el mayor de sus efectos será destruir todo lo que tenga que ver con el olvido penal para los condenados por el procés entre la horquilla de años que contempla el articulado. “Devolvería la dignidad a la sociedad española”, esgrimen.
Entonces, ¿qué valor tiene la derogación de una ley que no tendrá ninguna repercusión? Aquí entra en juego el relato político o propagandístico, según desde los cristales con los que se observe la realidad, habida cuenta de que algunos expertos en materia constitucional ya se han pronunciado y subrayado que la Carta Magna establece que “no se pueden aplicar retroactivamente normas penales desfavorables”. Así queda delimitado en el artículo 9.3 de la Ley Fundamental que blinda el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o que restrinjan derechos individuales.
Todo ello redunda sobre los casos que aún quedan por resolverse. Y es que en caso de derogarse el articulado con la llegada del PP a Moncloa, la ley entró en vigor en el año 2024, independientemente del estado de cada caso en concreto. Con lo cual, la inocuidad de la eventual iniciativa de Génova es total porque ese derecho al olvido penal ya se ha aplicado.
Enmienda a la totalidad al sanchismo
En cualquier caso, amnistías al margen, Gamarra reveló que el plan de regeneración que plantea el PP no sólo se enfoca a la derogación de las leyes sanchistas, sino también en el desarrollo de iniciativas paralelas, como en los casos de la Ley de Vivienda o de la Ley Trans, que representen la alternativa y la esperanza. Aun con el cariz discursivo del proyecto popular, en Génova destacan el carácter “ambicioso” de la regeneración que busca Feijóo para el país.
En este sentido, el objetivo no es sino desmarañar la tela de araña en los años de Pedro Sánchez, que lo han tachado como “colonización” para devolver la “independencia e imparcial” al sistema democrático, además de apuntalar un equilibrio de poderes que consideran perdido. Así, dentro de este plan, se incluirán iniciativas para fortalecer el delito de malversación y tipificar el de referéndum ilegal, al margen de una eventual modificación de la figura del indulto para evitar que se apliquen en casos de corrupción.
También pivotará sobre el rechazo y futuras actuaciones contra la nueva financiación singular para Cataluña, porque a juicio del Partido Popular representa la “compra a través del privilegio, de la diferencia de la desigualdad” con el único objetito de “mantener a Sánchez” en el Palacio de La Moncloa. Para los conservadores, es un precio “inadmisible, inaceptable e inmoral”, reiterando su compromiso para reformar el sistema de financiación para que beneficie a todos por igual.
