El Tribunal de Cuentas ha sancionado por tercera vez a Vox por financiación irregular. La multa asciende a 50.000 euros, como ha adelantado el diario El País, y corresponde a la recepción durante 2020 de donaciones prohibidas por la ley de financiación de partidos. Esta nueva sanción eleva el acumulado de multas a cerca de 1.150.000 euros.
Las otras dos veces que el Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox por financiación irregular fueron en julio del año pasado y este abril. La más lejana, y primera vez que el órgano sancionador fijó su doctrina sobre la extrema derecha española, supuso una sanción de 233.000 euros para los de Abascal, multados por recolectar donaciones finalistas para poder asumir el coste de su denuncia interpuesta contra el expresident catalán Quim Torra. La de hace apenas tres meses, la cuantía de la sanción ascendió hasta los 862.000 euros por las donaciones privadas que recibió la formación durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020.
Este nuevo varapalo supone, además del rejón económico, una sacudida a los argumentos políticos utilizados por Santiago Abascal y todo su equipo en los últimos meses. Era en junio cuando llegaba la información de que la Fiscalía Anticorrupción daba carpetazo a la causa por financiación ilegal contra el partido, algo muy compartido y difundido por Vox, sus satélites mediáticos y su ejército de correligionarios en redes sociales.
No obstante, aquel triunfalismo chocaba con la realidad. La verdadera cuestión radicaba precisamente en el Tribunal de Cuentas, ya que tras la interposición de estas sanciones económicos el Ministerio Público no podía conceder más recorrido judicial a la causa.
Esta nueva multa demuestra que el caso está lejos de acabar, y que la financiación presuntamente irregular de Vox es un hecho judicializado y por el que la extrema derecha sigue teniendo que rendir cuentas. El caso de Vox ilustra hasta qué punto la arquitectura legal de la financiación política en España establece una frontera difícil de cruzar entre lo administrativo y lo penal. A ojos del Tribunal de Cuentas, hubo infracciones; a ojos de la Fiscalía, esas infracciones ya están penalizadas, y por tanto el caso no tiene recorrido judicial. La resolución no exculpa a Vox en lo sustancial, pero sí le evita un procedimiento penal que podría haber supuesto una amenaza mayor, especialmente en pleno ciclo electoral.
Con todo, la formación ultraderechista aún no ha cerrado del todo este capítulo. La batalla jurídica continúa en el Supremo, donde se dirimirá si las multas del Tribunal de Cuentas fueron ajustadas a derecho. Pero lo que queda claro es que, en esta ocasión, la verdad jurídica sobre la financiación ilegal de Vox no se dirimirá en los tribunales ordinarios, sino en los despachos del Tribunal de Cuentas.
Oscurantismo del banco húngaro
A la responsabilidad de Vox como tercera fuerza del arco parlamentario español, además de partido de Gobierno en las comunidades autónomas en las que el PP se ha servido de sus votos para conseguir la mayoría, se suman las constantes quejas formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre el oscurantismo del banco húngaro MBH Bank Nyrt.
Hace apenas un mes, a finales de junio, el órgano sancionador insistía en que esta entidad bancaria que el partido de Santiago Abascal utilizó para impulsar sus campañas electorales estaba vulnerando su obligación de enviar información detallada de estas operaciones para certificar que operó según los marcos legales.
De hecho, como recogía ElPlural.com, según reza en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 133.3, el banco húngaro tenía que enviar al tribunal “noticias detalladas” del crédito entre un plazo de 100 a 125 días como máximo de manera posterior a la cita en las urnas europeas. Un requerimiento que no cumplió.
