El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en la reunión interparlamentaria socialista que este martes se dará luz verde en el Consejo de Ministros del Gobierno el Plan de Acción por la Democracia -también conocido como Plan de Regeneración Democrática-, un paquete de medidas anunciadas este verano y que se vertebran en dos ejes primordiales: lucha contra la desinformación y mayor transparencia en los medios de comunicación.

Sánchez ha defendido que esta serie de medidas están constituidas en base al artículo 20 de la Constitución al defender “el derecho de los ciudadanos a una información veraz”, también aquellas orientadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En sus palabras, el Plan de Acción por la Democracia vendrá a “dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías” a las Cortes Generales, así como al “ecosistema informativo” para combatir la “desinformación”.

Con este telón de fondo como punto de partida, cabe retroceder al pasado mes de julio, cuando el jefe del Ejecutivo central expuso en el Congreso de los Diputados los puntos principales de esta hoja de ruta, una serie de cambios que afectarán al poder ejecutivo y a los medios de comunicación, además de que se propondrán reformas al poder legislativo para reforzar la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz, este último recogido en el art. 20 de la Carta Magna.

Tal y como adelantó Sánchez, este plan se vertebra en cuatro elementos principales: “Derivan del Plan de acción por la Democracia aprobado en la UE; siguen los preceptos de la Constitución Española; refuerzan la transparencia de nuestra democracia y responden al sentido común", expuso entonces. Una serie de medidas que se aprobarán en cuestión de horas en el Consejo de Ministros y, posteriormente, pasarán a votación parlamentarias en las Cortes.

Contra la desinformación y los discursos de odio

El primero de los puntos viene trazado con una hoja de ruta elaborada en el Consejo Europeo el 27 de junio, donde se fijaron las prioridades de los Estados miembros por la defensa de la democracia y, por ende, la lucha contra los discursos de odio y la desinformación.

“La democracia tiene viejos enemigos con nuevas y potentes herramientas”, advirtió Sánchez en el Congreso, evocando así a la proliferación de bulos y fake news en redes sociales y ciertos sectores comunicativos. Para combatir este fenómeno, la Comisión Europea elaboró en 2020 este plan de acción –que ahora amoldará el Gobierno a las circunstancias de nuestro país- centrado en proteger la libertad, transparencia y pluralismo de los medios de comunicación.

España seguirá los pasos de otros países vecinos –tales como Alemania, Finlandia o Austria- en esta materia, impulsando medidas, en palabras del presidente, “objetivas, técnicamente solventes y necesarias para defender el Estado de derecho y la democracia”.

Más transparencia en los poderes ejecutivo y legislativo

En este punto cabe hacer una diferenciación fundamental. Por un lado, sobre el efecto que tendrán estas medidas en el poder ejecutivo se mejorará la cantidad y calidad de la información gubernamental a través de una Ley de Administración Pública Abierta. Pero, ¿cómo se llevará a cabo? En julio, el presidente del Gobierno anunció que España acogerá en Vitoria-Gasteiz la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, donde participarán hasta 2.000 expertos.

Desde el segundo punto de vista, el legislativo, Sánchez ahondó en la necesidad de reformar los reglamentos del Congreso y Senado para fortalecer las sanciones a aquellos parlamentarios que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan de manera incompleta o falsa.

A su vez, en este ámbito se propone un endurecimiento de la transparencia en el sistema electoral, ejecutando así una reforma de la ley con un objetivo doble: que los debates electorales entre candidatos se realicen de manera obligatoria e introducir microdatos y la metodología de estimación de resultados en todas las encuestas electorales que se publiquen.

Requisitos esenciales para los medios de comunicación

En cuanto al papel del cuarto poder, los medios de comunicación, el plan de acción por la democracia reforzará la transparencia y pluralismo en ellos, un fin reflejado en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación –un plan al que la extrema derecha votó en contra en la Eurocámara-. A estos dos ejes vertebradores, Sánchez sumó la independencia y la protección como dos principios fundamentales más.

Como medidas prácticas, Sánchez propuso en julio limitar la financiación de las Administraciones públicas a los medios de comunicación en aras de que estos canales “no tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales”. Una normativa que entraría en práctica con la modificación de la Ley de Publicidad Institucional.

Otros de los puntos expuestos por el jefe del Ejecutivo a este respecto fueron una baraja de medidas dirigidas a proteger la independencia editorial, así como los derechos de los profesionales de la comunicación; también asegurar los derechos de los consumidores o mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios.

A su vez, Sánchez anunció la financiación para la digitalización de medios de comunicación con un importe de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos. También se abordó entonces el posible refuerzo de los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía en materia de libertad de expresión.

Llamada a la unidad y mano tendida

“No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Esa labor le corresponde al ciudadano, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa”, esbozó Sánchez en julio desde el Congreso, haciendo así un llamado a la unidad parlamentaria –que deberá materializarse tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros- y a tender la mano a todos los grupos.

Volviendo a lo anunciado este lunes por el presidente y que se formalizará en cuestión de horas en el Consejo de Ministros, Sánchez reclamó a todos los parlamentarios socialistas que tiendan la mano y abran el diálogo a todos los grupos. “Voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando”, garantizó.

Al otro lado del Gobierno, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo anticipó este lunes que no apoyará este paquete de medidas al considerar que busca “controlar a los medios de comunicación”, tachándolo de “cortina de humo”: "Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona". "El problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la democracia española, sino su partido, su gobierno y él mismo", reiteró el partido en un comunicado.

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