La UCO retrasa el informe del novio de Ayuso mientras va a toda prisa con Ábalos y Begoña Gómez

Entre las causas judiciales que afectan de lleno al escenario político, por un lado la del novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, Alberto Gónzalez Amador, por fraude fiscal; mientras que, por otro, los del exministro José Luis Ábalos o la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirige sus actuaciones con distintos tiempos.

Esta doble vara de medir marca la diferencia en estos tres casos abiertos en sede judicial y bajo lupa de investigación. El periodo de tiempos apunta una diferencia de cerca de 100 días entre el caso que investiga al empresario Alberto González Amador, informe que aún se prevé con demora, mientras tan sólo el transcurso de unos días a los casos que conciernen a Gómez, por la investigación del juez Juan Carlos Peinado por malversación, o a Ábalos, por su vinculación en el caso Koldo.

Aún sin el informe sobre el novio de Ayuso

En lo que concierne a la investigación que se cierne sobre la imputada pareja de Díaz Ayuso, la UCO lleva cerca de cien días sin deslizar un solo dato sobre el informe que requirió en su día la Fiscalía: “Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, se requirió el 27 de junio, es decir, hace algo más de tres meses atrás.

El documento reclamado a la Benemérita por parte del Ministerio Fiscal se concentra en pedir más información sobre González Amador sobre la segunda pieza de investigación, separada de la principal y, por ende, la que se concentra en corrupción en negocios y administración desleal. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las formaciones madrileñas del PSOE y Más Madrid.

Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, cuando se le acusa de haber cometido el fraude fiscal de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria, y en relación así con la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. A fecha de hoy, la UCO aún no ha respondido a esta solicitud formal.

Rapidez en los tiempos para Gómez y Ábalos

Desde otro contexto, la UCO sí que respondió con mayor celeridad a la petición del juez Peinado, instructor del Juzgado Número 41 de Madrid, el cual constaba de más de un centenar de correos electrónicos en 34 páginas de extensión en clave de investigación a la asesora de la mujer del presidente del Gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez y quien intercedió en hasta una quincena de patrocinadores para la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esencialmente, con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio.

En un plazo que dio el juez de dos días a la UCO, esta entregó dicho informe el pasado 29 de septiembre después de que Gómez, además de su asesora y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, no acudiesen a la cita con Peinado para confirmar el jurado popular que juzgaría a Gómez ateniéndose a un artículo de la Ley de Juzgados.

Mientras continúa la instrucción del magistrado, la Fiscalía ha pedido que se archive la causa al concluir que no existen indicios de malversación al considerar que los correos electrónicos enviados a terceros “en nombre o por cuenta” de la investigada ha supuesto “un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público”. Tanto Álvarez como Gómez han recurrido la decisión del juez Peinado de que se celebre su juicio con un jurado popular debido a que “desobedece” el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid.

Bajo la misma línea, cabe no olvidar los últimos acontecimientos que giran en torno al caso Koldo, en el que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando este viernes la UCO ha detectado ingresos de hasta 95.000 euros en sus cuentas y que, presuntamente, no habrían sido justificados.

De la misma manera, los agentes aseguran que han hallado “patrones compatibles con la existencia de ingresos en efectivo no declarados” y que se habrían producido “en el mismo marco temporal que los hechos investigados”, es decir, entre 2014 y 2024. En lo que concierne a los pagos del PSOE, la UCO señala que son cuantías derivadas de liquidaciones de gasto, no sobresueldos.