La UCO detalla las gestiones de la asesora de Begoña Gómez en un informe que Peinado exigió en dos días

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado sábado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un informe en el que detalla las supuestas gestiones que la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, hizo en una quincena de patrocinios de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El documento policial se incorpora a la pieza en la que, además de Gómez y Álvarez están imputados el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, todos ellos acusados de un presunto delito de malversación que el magistrado encarrilaba hacia el juicio con jurado después de que el pasado sábado la esposa del Jefe de Ejecutivo no compareciera ante el juez.

El juez Peinado dio solamente dos días a la UCO para depositar el informe desde el pasado 25 de septiembre. Ese día, el magistrado había citado a los tres imputados en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para comunicar que, en el caso de que finalmente sí que se lleva a cabo una vista oral, serían juzgados por un jurado popular como pretende Peinado.

El documento, adelantado por el diario El País, tiene 34 páginas de extensión y en él los agentes analizan 121 correos electrónicos intercambiados por Cristina Álvarez, con el que fuera vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, y que fueron aportados por este a la causa a petición del juez. En ambas declaraciones que Doadrio ha hecho como testigo -que datan de septiembre de 2024 y enero de 2025- indicaba que la mayoría de contactos que mantuvo acerca de la cátedra fue con la asesora de la esposa de Sánchez, a la que la mujer del responsable de la Moncloa calificaba como persona “de confianza”.

La no comparecencia de Begoña Gómez

El pasado sábado Gómez no acudió, sino que en su lugar fue su abogado, lo mismo que la asesora de Gómez y el delegado de Gobierno en Madrid. Los investigados entendieron que no estaban obligados a acudir por ley, atendiendo a una circular de la Fiscalía, por lo que era suficiente con que fueran las defensas, a quienes se informó de que el procedimiento va a seguir por la ley del jurado. La visión de Peinado, no obstante, pasaba porque que la comparecencia se mantenía vigente a la vez que llamaba a los tres a declarar. El acto contó con el dispositivo de seguridad pertinente a la vez que se pidió permiso para que Gómez entrara por el garaje a los Juzgados de Plaza de Castilla. 

Batería de medidas

La Audiencia Provincial de Madrid ha presentado hasta una docena de medidas contra la decisión del juez de abrir la investigación específica acerca de la colaboración de la asesora de Moncloa en tareas privadas profesionales de la esposa del Pedro Sánchez después de que las dos defendieran que la asesora no se había extralimitado en sus funciones.

Así las cosas, destacar que todas las pares elevaron un recurso directo al tribunal que supervisa las actuaciones del magistrado, de manera que se han saltado la opción de recurrir ante el propio juez ante el “evidente retraso” del magistrado en a la hora de resolver casos anteriores a los de la mujer de Sánchez.

Las parte consideran que se trata de una decisión por parte del juez a todas luces injustificadas y desproporcionadas y solicitando a la Audiencia que de marcha atrás en esta decisión. En el caso concreto de Gómez, también ha pedido que se implementen medidas para proteger su intimidad si finalmente se convalida la entrega de los correos.

Tanto las tres defensas como el fiscal piden solicitan el archivo de la pieza separada por malversación entendiendo que, en el caso de Gómez, no puede cometer la malversación, sencillamente porque no es funcionaria. En lo que se refiere a su asesora, la defensa indica que ella no es la responsable del delito, sino el objeto del mismo. Por su parte, el motivo que se desprende para detener la investigación a Martín es que el nombramiento se realizó antes de que llegara a La Moncloa, concretamente dos años.