El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar un nuevo impulso a la investigación que afecta a Begoña Gómez y a su antigua secretaria en Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez. Tal y como adelante 'El Confidencial', el magistrado ha ordenado al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que en el plazo de diez días entregue todos los correos electrónicos en los que la asesora aparezca como remitente o destinataria. La medida llega después de la declaración de Gómez, que esta misma semana acudió al juzgado en calidad de imputada por presunta malversación y defendió que la colaboración de Álvarez en su máster universitario se redujo a tareas esporádicas.
Uno de los mensajes más relevantes para la causa fue remitido en febrero de 2024 a la responsable de comunicación institucional de Reale Seguros, compañía vinculada al patrocinio del máster. En ese correo, Álvarez transmitía en nombre de Gómez la petición de mantener el apoyo a la cátedra, aunque fuese con una aportación menor, y mostraba la disposición a “colaborar en lo que necesitase” la entidad.
La declaración de Doadrio ha sido clave para ampliar las pesquisas. El exvicerrector explicó en agosto que la presencia de la asesora de Moncloa en la gestión del máster fue aumentando con el tiempo hasta intercambiar más de un centenar de correos electrónicos. También señaló que estuvo presente en reuniones con Gómez y que asumió gestiones como el registro del dominio de la cátedra en internet o detalles técnicos sobre un software que la esposa del presidente habría incorporado indebidamente.
La Audiencia Provincial de Madrid ya había ratificado en junio la imputación de Álvarez, advirtiendo de que existía “una desviación clara y palmaria” de sus funciones como personal eventual en Presidencia del Gobierno. En su auto, los magistrados señalaban que la asesora pudo haber sido utilizada “como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor de intereses privados” amparados en la estructura de la Secretaría General de Presidencia. Inicialmente, se la investigaba por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero en agosto Peinado añadió el presunto delito de malversación tanto para ella como para Gómez.
Las diligencias abiertas ahora van más allá de la Complutense. El juez ha reclamado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno copias de los correos enviados y recibidos desde una cuenta oficial que habría estado a disposición de Begoña Gómez. También ha solicitado que se identifique a todos los secretarios generales de Presidencia desde julio de 2018, fecha en la que Álvarez fue nombrada directora de programas en el gabinete de Sánchez, así como a las personas que autorizaron los pagos de sus retribuciones hasta la actualidad.
El pulso interminable de Peinado con Begoña Gómez
A lo largo del último año y medio, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha convertido la investigación sobre Begoña Gómez en una de las causas judiciales más prolongadas y complejas de la actualidad española. Lo que comenzó en abril de 2024 como una querella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha ido acumulando imputaciones sucesivas: apropiación indebida, intrusismo profesional y, en agosto de 2025, malversación de caudales públicos.
Peinado no solo ha ampliado el número de delitos investigados, sino también los ámbitos y sujetos implicados: ha citado para declarar a altos cargos como el exministro Félix Bolaños, desplazándose incluso a La Moncloa para interrogarlo. También ha ordenado investigar las cuentas bancarias de Gómez, su certificado de matrimonio, los correos desde 2018 que podrían contener indicios relevantes, así como la titularidad del dominio web del software desarrollado en la cátedra de la UCM.
La defensa de Gómez ha recurrido numerosas actuaciones del juez: desde su citación por malversación y la incautación de correos, hasta la extensión temporal de los hechos investigados, alegando falta de motivación, invasión de derechos y excesos procesales.
Pese a los reveses y recursos, Peinado ha logrado mantener viva la instrucción, respaldado por la Audiencia Provincial en varias decisiones clave, como la autorización para investigar el software y continuar la causa respecto a la malversación.
