Las declaraciones de Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, vienen precedidas de una guerra cocinada a fuego lento tanto a nivel político como judicial. Las polémicas decisiones del juez que investiga los presuntos delitos cometidos por la mujer del presidente del Gobierno, entre las que se encuentra la enésima citación para declarar en calidad de imputada o la petición de todos los correos electrónicos enviados desde 2018, han provocado un vaivén de recursos presentados por la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, quien insiste en que el juez Peinado vulnera insistentemente los derechos de su representada.
Políticamente, las declaraciones de Begoña Gómez y Cristina Álvarez coincidirán en tiempo y forma con una jornada de apertura parlamentaria apasionante. La Carrera de San Jerónimo recuperará la actividad con la habitual sesión de control de cada miércoles, dando paso posteriormente a un importante pleno que, tras el último movimiento de Junts, terminará con la derrota del Gobierno en su voluntad de aprobar la reducción de jornada a las 37,5 horas laborales a la semana sin reducción de sueldo. Un varapalo para Moncloa en su conjunto y muy particularmente para Yolanda Díaz, titular de la cartera de Trabajo, promotora de esta promesa electoral.
Además, la jornada en el Congreso de los Diputados llegará después de que los tribunales hayan sido protagonistas de la apertura del curso político. Las declaraciones de Pedro Sánchez en su primera entrevista tras las vacaciones, concedida a TVE y pilotada por Pepa Bueno en su estreno como conductora de los Informativos, originaron la inquietud y las críticas de parte de la judicatura, que mostró su malestar en la ceremonia de apertura del año judicial realizada el pasado viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
Un evento que contó con la presencia del rey Felipe VI y la ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien decidió cambiar su agenda y escoltar a Ayuso en Arganda en una señal de disconformidad por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, comisionista durante la pandemia y pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ingredientes más que suficientes para devolver la actualidad política al lugar en el que ha residido desde que arrancase la XV legislatura: los tribunales. Autos, providencias, citaciones, imputaciones y decisiones que han derivado en el conocimiento de todos los españoles de términos como ‘lawfare’, hasta hace cuatro días desconocidos para el común de los mortales. Ahora, con un PP decididamente reorganizado para entender la legislatura en clave electoral y un Gobierno decidido a resistir pese a su menguante aritmética parlamentaria, lo que emane de los juzgados se vuelve capital para llegar con opciones a las citas con las urnas. De un lado, la derecha, que hace sangrar a Moncloa con casos como el de Koldo, Cerdán, Begoña Gómez o el hermano del presidente; del otro, el Gobierno, a la espera de que avancen causas como la del novio de Ayuso, la trama Montoro, Ana Millán, las residencias de Madrid o el juicio de la DANA.
Decisión de no declarar
Las decisiones del juez Peinado han provocado que los equipos jurídicos de Begoña Gómez y Cristina Álvarez hayan tomado la decisión de acogerse a su derecho a no declarar este miércoles. Al menos así lo harán cuando quienes interroguen sean el polémico instructor y las acusaciones populares, conformadas por Vox y un reguero de sindicatos de ominosas voluntades como Manos Limpias o Hazte Oír, entre otros. Queda por ver si las dos imputadas responden a los interrogantes que les formulen sus abogados.
Esta decisión responde a una estrategia de defensa, sí, pero también para mostrar su notoria disconformidad con decisiones como investigarlas por un delito de malversación o añadir más motivos a su síntesis de que desde el principio está teniendo lugar una investigación prospectiva, sin objeto claro ni finalidad alguna más allá de la espectacularización de un caso promovida y patrocinada por el propio Juan Carlos Peinado.
De hecho, estas ideas ya han sido expuestas en innumerables escritos por Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente del Gobierno. Las dos últimas veces que lo ha hecho han sido precisamente durante las últimas semanas, respondiendo así al auto de citación realizado por Peinado el 18 de agosto y la providencia reclamando el acceso a las comunicaciones de Gómez y Álvarez firmada el 3 de septiembre.
En ambos casos, Camacho argumenta que los recursos no tienen nada que ver con el miedo de su representada, Begoña Gómez, a que la investigación acabe suponiendo el hallazgo de pruebas que la puedan involucrar en un ilícito. No obstante, tanto los defectos de forma como la evidencia de que no se ha notificado motivación alguna para la apertura de más diligencias hacen pensar a Camacho que los derechos procesales de la mujer del presidente del Gobierno se están viendo vulnerados sistemáticamente por un juez que ya ha sido en más de una ocasión apercibido por la Audiencia de Madrid por sus desmanes.
Especialmente crítico ha sido la defensa de Gómez con la decisión de reclamar los correos electrónicos enviados y recibidos desde 2018. De hecho, a lo largo de su último recurso, Camacho recuerda al juez Peinado una circular de la Fiscalía (la 5/2019, con fecha de 6 de marzo, que especificaba que el registro de equipos informáticos y cuentas personales podía incidir en la vulneración de dos derechos fundamentales, afectando al “núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre salud u orientaciones sexuales”.
