El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, sigue acumulando actuaciones polémicas, siendo la última la petición a la Moncloa de todos los correos electrónicos desde el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del responsable del Ejecutivo hasta el día de hoy. En la práctica se trata de pocas conversaciones privadas que, a todas luces, parece que no servirían de nada para las aspiraciones del magistrado.
Esta y otras muchas actuaciones que el magistrado ha llevado a cabo desde que cogiera el ‘caso Begoña’ pone en entredicho su buena praxis jurídica. Pero, por encima de esto, hay una pregunta que ronda entre quienes siguen sin encontrar explicación al modus operandi del magistrado: ¿actúa solo?
La balanza se decanta más hacia el ‘no’ y aquí aparecen varios nombres: el de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y, dentro de ella, otros propios como el de José Sierra Fernández, Enrique Berges o Rosario Esteban. Pero, ¿quién es cada uno de ellos, bautizados en su conjunto como los “intelectuales de la Sección 23 por el periodista Ernesto Ekaizer?
Los jueces de la Sección 23
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó a José Sierra Fernández, anteriormente letrado jefe de la Unidad de Actuaciones Previas del órgano de gobierno de los jueces, para desempeñar el cargo de Promotor de la Acción Disciplinario en 2017, cuando el CGPJ tenía al mando a Carlos Lesmes -de tinte conservador-; mismo presidente entonces del Tribunal Supremo (TS).
Sierra inició su carrera en el mundo de la judicatura a principio de la década de los 1990, siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz). Después se situó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas y en el número 2 de Soria.
Ocho años después aterriza en Madrid como titular del Juzgado de Primera Instancia y en 2003 alcanza el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital -aquí citó a declarar a más de una veintena de mujeres en el marco de investigación por posibles irregularidades en una clínica abortiva-, llegando después al Juzgado de lo Penal número 34, asimismo en Madrid. En junio de 2015 consiguió plaza de magistrado en la Sección 23 de la Audiencia Provincial de la capital, donde se encuentra todavía a día de hoy y en el que trabaja con Peinado y otros jueces en lo relativo a la causa de Gómez.
Él y otro de los juristas que actúan de la mano del magistrado principal que investiga a la mujer del responsable del Ejecutivo han operado contra algunas de las normativas sacadas adelante por el Gobierno de colación como la Ley de Amnistía. En octubre del año pasado, tanto Sierra Fernández como Enrique Bergés de Ramón, otro de los nombres que destaca en la investigación, activó el procedimiento para recurrir el texto que implica el perdón de los políticos catalanes ante el Tribunal Constitucional (TC) apenas dos días después de que se aprobara.
Para proceder, los jueces bebieron de una sentencia que condenaba a cuatro años de cárcel a una tercera persona por delitos de desórdenes públicos y atentados contra los cuerpos y fuerzas de seguridad durante los incidentes ocurridos después de la concentración celebrada el 16 de octubre de 2019 en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra las condenas de dirigentes independentistas en el marco del procès.
Enrique Jesús Berges de Ramón también es considerado cercano al ámbito conservador de la carrera judicial. En su caso, más allá del fondo de intenciones con hechos como el relatado anteriormente cabe destacar la forma de algunas acciones, como su lentitud a la hora de elaborar objetos de veredicto.
Sobre esto último pesa un caso concreto. Fue en 2019 que, el entonces magistrado del tribunal que juzgó a cuatro personas en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato de un joven de 28 años -los hechos ocurrieron en 2016- tardó tres días en hacer este trabajo.
Se trata de un documento clave en el mundo de la jurisprudencia, y es que es el texto que contiene los puntos concretos acerca de lo que se debe deliberar y contestar, y se tiene que entregar a todos los miembros del tribunal previo sometimiento a las partes. Busca que las preguntas que se plantean al tribunal por parte del jurado son las adecuadas.
Vínculos con el PP
A los dos anteriores se suma el nombre de Rosario Esteban, quien, junto a Enrique Jesús Berges y Jesús Gómez-Angulo, ha concentrado su polémica en el ‘caso Begoña’, ejerciendo como ponente de la resolución que avala casi toda la investigación de Peinado sobre la mujer del presidente. Esteban está casada con Eduardo Jiménez Claveria, también destinado en la Audiencia Provincial de Madrid y reconocido por sus sentencias ultraconservadoras en casos de violencia de género.
La Sala reiteró al magistrado que tenía que eliminar del procedimiento los apartados dedicados a Air Europa y Globalia, salvo que surjan indicios nuevos que permitieran reanudar la investigación, y reprochaba al magistrado fijar como objeto del procedimiento “todos los actos, conductas y comportamientos” de Gómez desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno.
Sin embargo, la Audiencia sí avaló el resto de las líneas de investigación e intentó dejar sin efecto los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Gómez para reclamar el archivo. Así las cosas, amparó las indagaciones sobre el supuesto tráfico de influencias para los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés -que había cerrado acuerdos con administraciones de todos los signos políticos- e indagó en las pesquisas sobre la cátedra de la esposa de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su cátedra.
En los últimos meses, este espacio jurídico ha desoído a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por ejemplo, entendiendo que aunque ésta no viera delito en las actuaciones de Gómez, no implicaba que no existiera, o concluyendo que no se trata de una investigación prospectiva en contra de lo que afirmaba el fiscal y el letrado de la esposa de Sánchez.
A los rostros de estas líneas puede añadirse el de Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, hermano de Juan Antonio Gómez-Angulo, quien ejerciera como diputado en la Asamblea de Madrid y fuera concejal del Ayuntamiento. Se trata este último de un amigo personal del expresidente José Martí Aznar, una amistad que le habría servido para dilatar su carrera en distintos cargos como el de presidente del Centro Superior de Deportes, o responsable de la Comisión de Trabajo para el Fomento y la Protección de la Tauromaquia. Incluso, fue teniente de alcalde en la capital.
También la sobrina de Gómez-Angulo, Paula Gómez Angulo, mantiene vínculos con el PP. En su caso, ejerce como concejala en el Ayuntamiento de Madrid bajo la batuta de José Luis Martínez-Almeida y dispone de experiencia con años en la administración pública a nivel local y autonómico.
