Tras conocer al detalle la sentencia del Tribunal Supremo contra el que fuera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ante la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía la comisión de un doble fraude fiscal, las reacciones en el plano político no han dejado de sucederse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado de rumbo en sus palabras acerca de este proceso y fallo judicial.
El principal mandatario de La Moncloa ha defendido este martes que García Ortiz “lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General” al no declararse culpable de la filtración ni revelación de datos reservados. De esta manera, ha situado el foco en el papel que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno en esta cuestión: “¡Quién tiene que pedir perdón es la señora Ayuso!”.
“Lo de menos es el hermano de la señora Ayuso, o el novio de la señora Ayuso, lo importante es ella. Lo grave es el señor Feijóo que se pliega ante ella”, ha terminado argumentando durante su intervención en el Centenario del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en Madrid, y con una última frase con la que ha recordado al eclipse de Pablo Casado en su etapa al frente del Partido Popular.
En términos similares, ha cargado contra el argumentario del PP al conocerse la sentencia judicial: “¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?”, ha ahondado.
Sánchez, ante la gestión sanitaria del Madrid de Ayuso
Asimismo, ha cargado contra el modelo de gestión sanitario en sus gobiernos autonómicos: “Cuanto tú recortas, lo que sucede es que aumenten las listas de espera. Y luego el PP dice que como suben hay que dar a entidades privadas la gestión de hospitales antes públicos”, ha continuado reprochando, en clara alusión al escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, donde la empresa gestora Ribera Salud recortó intervenciones y aumentó listas de espera en aras de obtener beneficios económicos internos.
No es la primera vez que, sobre esta cuestión, se pronuncia el presidente del Gobierno. Fue la pasada semana cuando, recién saltó públicamente el escándalo del hospital madrileño, Sánchez situó “el negocio de la sanidad privada en las listas de espera de la sanidad pública”, sin distinciones de comparación entre “los cribados de Andalucía, los recortes de Guardiola en Extremadura o la privatización de Ayuso en Madrid” al considerar que es “el mismo modelo”.
“No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del PP, hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. ¿Que al final que es lo que hacen? Que le pregunten al novio de Ayuso”, reprochó entonces.
Ayuso celebra la sentencia contra García Ortiz
Bajo el mismo telón de fondo, y minutos antes de conocer estas últimas palabras de Sánchez, la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta del Sol también se ha pronunciado sobre el fallo al detalle que condena al ex fiscal general del Estado.
Ayuso ha tachado así de “muy triste” la que considera una “utilización de las instituciones por parte del Gobierno y su presidente”, pero ha apuntado a una segunda razón “positiva”, el “funcionamiento” del Estado de Derecho, celebrando así la condena firme del Supremo contra García Ortiz: “No se puede utilizar la Fiscalía General para atacar un adversario político, porque son instituciones de todos los españoles. Estas prácticas no pueden consentirse, y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días. Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal”, ha respaldado.
No obstante, con este fallo judicial, se ha constatado a su vez que el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y uno de los denunciantes en la causa, no podrá acogerse a la misma sentencia para anular las dos causas judiciales que pesan sobre él: la primera por el doble fraude fiscal -motivo de la filtración del correo que declinó en la causa contra el fiscal general- y la segunda por presunta corrupción en negocios y administración desleal.
