Los ritmos de la Justicia y el tablero político van marcando el paso de la actualidad en España, concentrándose el foco este martes en la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La redacción de una condena que ha tardado en conocerse 19 días tras la notificación del fallo y que coinciden, en tiempo y forma, no sólo con la cercanía del caso con el novio de Isabel Díaz Ayuso, sino también por dos cuestiones a las puertas judiciales que sitúan en el epicentro al Gobierno de la Comunidad de Madrid: tanto los ‘protocolos de la vergüenza’ de las residencias de mayores como por el reciente escándalo de Ribera Salud y la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.
Casi tres semanas después, el tribunal que juzgó y condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos ante la filtración del correo que el abogado de Alberto González Amador envió a la Fiscalía y en el que reconoció la comisión de un doble delito fiscal de su cliente, ha difundido este martes la sentencia íntegra con la exposición de motivos que respaldan la condena.
En este fallo, los magistrados consideran que el condenado “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, dando a entender que la revelación de secretos fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba. En este sentido, aducen a un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” para considerar que el acusado, o “una persona de su entorno” filtró el 13 de marzo de 2024 el mencionado email.
Los magistrados también apoyan la condena en la difusión, a las 10:22 horas del 14 de marzo, de la nota de prensa del Ministerio Fiscal donde se detallaba el intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el hecho de que reconocía la autoría de esos dos delitos fiscales. El tribunal considera que la divulgación de la información reservada se materializó tanto por la filtración del email como por la publicación de la nota informativa, que constituyen "una unidad de acción": "La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa", sostienen. De esta manera, García Ortiz enfrenta dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.
Dos causas que persiguen al Gobierno de Ayuso
Desde la mirada más política de la cuestión, la trascendencia del justificaciones del fallo del Supremo acontece no sólo con la relevancia que pesa por el papel relevante de González Amador en la causa y su conexión directa con la presidenta madrileña, sino que, con respecto a su Ejecutivo en la Puerta del Sol, se ve inmerso en dos causas a las puertas judiciales que están situando su gestión entre la espada y la pared.
Quizás el escándalo más reciente radica en Ribera Salud, empresa gestora de hasta 16 hospitales en España y, en concreto, del Hospital de Torrejón en Madrid, en el cual trascendió que se rechazaron pacientes, aumentaron listas de espera y minimizaron intervenciones para aumentar beneficios internos, en torno a cuatro y cinco millones de euros. Todo ello se conoció por un audio filtrado de su CEO, Pablo Gallart, quien ordenó reducir gastos prescindibles porque hacían “una actividad que perjudica” a la empresa pese a los más de 150.000 habitantes de la zona que acuden a este hospital.
Debido a la magnitud del escándalo a nivel autonómico, el plano político está en auge de confrontación, siendo el PSOE de Madrid la formación que ha denunciado este martes ante la Fiscalía tanto al Gobierno de Ayuso como contra el CEO de Ribera Salud por las presuntas irregularidades en la gestión. Y es que el Ejecutivo madrileño, en la denuncia que interpondrán los socialistas, aparecería como acusado de presunta omisión de deberes de supervisión, práctica que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación. La querella en cuestión también va dirigida a “todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal”.
Una acción en términos judiciales que se ha dado en tiempo y forma que la reunión que se ha dado en el seno del Gobierno de Ayuso para abordar este frente, y en la que se ha solicitado una reunión con el máximo responsable del grupo sanitario privado con Emmanuel de Geuser, presidente de Ribera Salud. La dirección del hospital continúa encabezada por Santiago Orio, director gerente desde el pasado mes de octubre, acompañado por la directora de operaciones del grupo, Sonia Hernández, como apoyo corporativo desde Ribera Salud.
En segundo lugar, los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que se aplicaron durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid continúa siendo una cuestión que sitúa la gestión sanitaria de Ayuso en el epicentro de las críticas, ahora bajo la mirada judicial. Este martes estaban citados los tres ex altos cargos del Ejecutivo madrileño imputados por estas medidas, aunque sólo uno de ellos, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha acudido ante la Justicia.
El que fuera director de atención sociosanitaria entonces, ha declarado como imputado y, en su declaración, ha reconocido que estos protocolos fueron discriminatorios para los pacientes -teniendo en cuenta que murieron 7.291 personas mayores al no haber sido derivados a hospitales- y contrarios a la ley vigente, que él se opuso a dicha medida y ha señalado como principal responsable a Carlos Mur.
Mur fue el directivo que firmó estos protocolos, por los cuales se impidió el traslado de personas mayores con deterioro cognitivo y falta de movilidad a los hospitales más cercanos debido a la saturación por la crisis sanitaria. Los protocolos fueron modificados, y enviados a las residencias en cuatro ocasiones los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. La Comunidad de Madrid ha defendido en todo momento que eran borradores que se enviaron por error a las 474 residencias que los aplicaron.
