El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ponía en un problema a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador.
En la primera entrevista que el líder de la formación conservadora concedía a los medios de comunicación, concretamente a Ana Rosa Quintana (rechazó la conversación con Pepa Bueno en TVE), el gallego dedicó un apartado al Fiscal General del Estado y el comienzo del curso judicial, al que él no acudió pese a estar invitado, lo que supuso un desplante al rey Felipe VI.
El presidente del PP mantiene que “quien mancha el acto es el Gobierno y el Fiscal General del Estado”, Álvaro García Ortiz que, a su juicio, “no tienen legitimidad para dar ejemplo” dado que está “procesado, investigado, imputado”. “Ha hablado desde el estrado, pero puede que hable desde el banquillo, por lo tanto, es un presunto delincuente”, aseguraba.
¿Respuesta a un dardo envenenado?
En otro orden de cosas, el presidente 'popular' dejaba claro que volvería a faltar al evento porque “no puede mirar para otro lado ni ver normal lo que no lo es”. “¿Cómo un Fiscal General del Estado se mantiene en el cargo estando imputado?”, insistía anunciando un par de medidas en este sentido si llegaba a La Moncloa: que este cargo no lo nombre únicamente el Gobierno, sino que también tenga voz el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cesar automáticamente a la persona en cuestión en el supuesto de que se encuentra imputada por el Tribunal Supremo (TS).
Hay que recordar que hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid soltaba un comentario, precisamente en el acto que Feijóo compartió con ella para ausentarse del escenario jurídico, que algunos consideraron un dardo envenenado a pesar de referirse al Gobierno de España. “Estar tanto con los narcos deja a uno trastocado y alejado de la democracia”, dijo en relación con las relaciones que atribuye e Sánchez con Maduro pero obviando -o quien sabe si quizás no- los años de amistad de su presidente con Marial Dorado, uno de los capos de Rías Baixas que fue condenado por tráfico de cocaína.
Alberto González Amador y Ana Millán, imputados
El compañero sentimental de la administradora de Sol es una de las personas cercanas a ésta que se encuentra procesado por fraude fiscal en el marco de la investigación por presuntamente haber engañado -él mismo lo reconoció- a este organismo público en los episodios comprendidos entre 2022 y 2024, cuando la Agencia Tributaria apreció el mencionado delito por valor superior a los 350.910 euros.
Ahora, el novio de Ayuso sigue intentando lo imposible para evitar la cárcel, siendo la presentación de un informe pericial el último movimiento llevado a cabo con este objetivo. Todo ello a la vez que está acusado de falsificación de documentos dado que para defraudar se habría valido de una quincena de facturas falsas con la meta de aumentar sus gastos y reducir la cuota tributaria. Su defensa justifica que para realizar sus acciones las facturas cuando las emitió en Costa de Marfil -país desde el que actuó- no eran falsas.
Por su parte, Ana Millán, una de las personas de máxima confianza de Ayuso y a la que se la sigue viendo al lado de la presidenta en muchos actos públicos se encuentra imputada desde 2022 por cuatro posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude de administración.
Las acciones presuntamente fraudulentas tienen que ver con hasta siete contratos públicos que fueron adjudicados a lo largo de cinco años (entre 2006 y 2011) desde la consejería que en ese momento dirigía la que también tachan como la “Santos Cerdán de la lideresa autonómica”.
El asunto que tiene contra las cuerdas a Millán se ubica en el ‘caso Neverland’ -causa derivada de Púnica- y que recibe su nombre del empresario Francisco Roselló, propietario de esta compañía, que llegó a ingresar 660.000 euros con los que contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de una de las protagonistas de estas líneas.
Más Madrid ha pedido la prórroga de la investigación durante seis meses más considerando que queda pendiente la práctica de varias diligencias, como son las declaraciones testificales de Laura Vallejo Saz -ex concejala de Educación- y Juan Pedro Santos Ceballos -pareja de Millán-, así como las derivadas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, otras denegadas y otras que, por su conexión funcional, se derivan de las últimas.
Para Ayuso, vuelve a ser un "ciudadano particular"
En paralelo, Ayuso ha vuelto a la estrategia del “ciudadano particular”, término que utiliza para condenar que la investigación a su pareja forma toda ella parte de una persecución de la Fiscalía y del propio Pedro Sánchez.
Fue en una entrevista en La Razón a inicios de semana cuando la política escenificó la que, a su juicio, es "la España de 2025": "Un ciudadano, un fiscal y un lugar donde pone “Tribunal Supremo”.
Durante un tiempo, la lideresa regional cambió de estrategia señalando que Alberto González Amador nada tenía que ver con la Comunidad de Madrid. Ahora, nuevamente vuelve a indicar que es su vínculo personal el que fomenta la investigación, pasando por alto que el propio empresario reconoció haber cometido un fraude fiscal por el que intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión.
