La situación del chalé que Eva Cárdenas disfruta en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), sigue en la Audiencia Nacional, tal y como ha tenido constancia ElPlural.com.
Este periódico se ha dirigido al Ministerio de Transición Ecológica para conocer, tras meses sin noticias, en qué punto se encuentra la casa que la mujer del político gallego tiene en primerísima línea de playa, y es que el asunto vuelve a estar en cierto modo de actualidad después de que esa semana el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSJG) obligara a derribar el muro de otra casa que el expresidente de la Xunta poseía a unos metros.
En el caso del inmueble de Feijóo, el órgano gallego confirmaba una sentencia con la que daba la razón al actual propietario de la casa y el ayuntamiento de la localidad, y que va en la línea de tumbar el muro porque invadía el espacio público.
La noticia llamaba la atención de este medio de comunicación que, tras años informando, en ocasiones en exclusiva, sobre el futuro judicial del chalé de la ex directiva de Zara Home, se preguntaba si lo ocurrido actualmente podía ser la antesala.
Sin fecha concreta
Fuentes del Ministerio confirman en declaraciones a ElPlural.com que el tema sigue en la Audiencia Nacional y que no saben hasta cuándo se prolongará la deliberación. Asimismo, explican las diferencias entre las dos edificaciones.
“El muro de la vivienda de Feijóo se construyó alegando motivos de seguridad y ocupaba parte de la vía pública. En su día se dio permiso al ser él presidente de la Xunta, pero la Justicia le ha dado ahora la razón al Ayuntamiento de Moaña, que pidió derribarlo al no pertenecer ya a Feijóo la vivienda”, proyectan.
El muro que colinda con la casa de Cárdenas, de 215 metros cuadrados, invade también zona pública, cuestión por la que el Estado negó la concesión solicitada previamente por la propietaria quien, después de los últimos movimientos, recurrió a la Audiencia Nacional.
Paso del tiempo
Hace cosa de un año, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicaba la resolución del Servicio Provincial de Costas que pasaba por recuperar un área que pertenece a todas luces a la ciudadanía y no debería ser de uso privado. Entonces, Cárdenas alegó la decisión y solicitó una prórroga durante tres décadas desde 2007, coincidiendo este año con la fecha de deslinde.
El Estado terminó resolviendo que el muro jamás había pertenecido a la finca, aunque los anteriores propietarios hubieran levantado el elemento con puertas. Por lo tanto, no cabría mantenerlos.
En cuanto a los datos que podrían tener en cuenta los organismos competentes, la primera inscripción data de 1941, mientras que Cárdenas adquirió el chalé en 2019. En aquel año se mencionaba una superficie de “siete áreas cuarenta centiáreas” con lindero en la “playa mar”.
Los años pasaron, pero nunca se encontró ningún documento que certificase la licencia para construir el muro. Lo más parecido es una autorización para un cierre “con altura, en total, de 150 o 170 centímetros” en 1942”. El pasado mes de mayo, Costas señalaba que se correspondía con una “ocupación del dominio sin el debido título habilitante”.
“Los terrenos objeto del presente expediente deberían considerarse, en todo caso, como un exceso de cabida sobre la superficie de la finca registral de referencia, respecto a la que la interesada no habría acreditado su condición de titular registral, así como la condición de propiedad privada, amparada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de la citada superficie, o el tracto registral ininterrumpido de la misma, a partir de un título inscrito en el correspondiente Registro, en fecha anterior a la de entrada en vigor de la vigente Ley de Costas; debiendo considerarse la citada superficie como una ocupación del demanio sin el debido título habilitante”, lo concretaba.
El pasado mes de octubre, Cárdenas presentaba recurso ante la Audiencia Nacional por lo complicado de preservar el muro. Existen precedentes que demuestran que por esta vía puede conseguir de facto seguir disfrutando de la ocupación de terreno público, aunque sea por un tiempo; y es que en el supuesto de que la Justicia termine por no darle la razón, tardaría al menos meses en resolverse todo. Si bien, por el momento y después de un par de meses, se desconoce cuándo podría conocerse un resultado.
