El Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJCV) la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe con la investigación. Con ello, en el informe que ha emitido, ha descartado imputar por el momento al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, al considerar que no se cuenta con datos o indicios de suficiente solidez.
En este informe, el fiscal se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra el expresidente de la Comunidad Valenciana por la gestión de la DANA.
La Fiscalía dice, de la misma forma, que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones “ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.
De esta forma, la Fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente valenciano, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del expresident”. En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.
De esta forma, será por tanto el TSJCV, con cinco magistrados, el que deba decidir el futuro judicial de Mazón. El tribunal que deliberará y emitirá un fallo al respecto está compuesto por el propio presidente del tribunal, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
La magistrada ve "negligencia que ha de reputarse grave"
La respuesta de la Fiscalía llega después de que el 24 de febrero la juez de Catarroja que instruye la causa remitiera al TSJCV una exposición razonada en la que solicitaba la imputación del exjefe del Consell. Según se reflejaba en el auto de la magistrada, al que tuvo acceso ElPlural.com, en el caso de Mazón "concurriría negligencia que ha de reputarse grave, por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba”.
De la misma forma, la juez añadía que "la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, fue anunciado con días de antelación, y su momento álgido, el día 29 de octubre de 2024, el día en que se perdieron la práctica totalidad de las 230 vidas, algunas fallecerían durante los días posteriores, fue previsto igualmente". Asimismo, sobre la petición de imputación que elevaba al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Ruiz Tobarra agregó que "la investigación de la negligencia en la gestión de la DANA, con el resultado mortal y lesivo objeto de las presentes diligencias, no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados, a Salomé Pradas Ten, consellera de Justicia e Interior, ni a Emilio Argüeso Torres, secretario autonómico de Emergencias, quienes ocupaban dichos cargos el 29 de octubre de 2024, sino que ha de extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil, así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado de las Corts y en consecuencia aforado: Carlos Mazón Guixot".
Pradas y Argüeso solicitan al TSJCV que asuma la causa
De forma paralela a todo ello, este lunes la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que asuma toda la causa de la DANA “sin más dilación” en caso de que se decidiera la imputación del expresidente valenciano.
En un escrito de alegaciones al que ha accedido elDiario.es, la representación de Pradas pide además el sobreseimiento libre de las actuaciones con el fin último de “evitar resoluciones contradictorias y garantizar el derecho de defensa de las personas que finalmente pudieran resultar acusadas en la causa”. “Creemos sinceramente que alargar y alargar este procedimiento con toda la información de que ya se dispone, es jurídicamente improcedente y puede redundar, finalmente, en la frustración de las víctimas”, reza el escrito.
Por su parte, la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también solicita al TSJCV que asuma la “totalidad de la causa”. Pese a ello, la defensa de Argüeso subraya la “inexistencia de negligencia delictiva” y considera que se ha llevado a cabo una “investigación delictiva”, obviando de esta manera el aval unánime de la Audiencia Provincial de Valencia a las testificales de los escoltas y el chófer de Mazón, la del dueño de El Ventorro o la del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, todas ellas cuestionadas por la defensa del exsecretario de Emergencias. Además, insiste en que las “consecuencias” de la DANA “no constituyen delito imputable a nadie”, al tratarse de una “desgracia natural no previsible en su real dimensión”. “Aquella DANA fue la mayor desgracia natural de Europa desde que hay registros”, añade en el escrito la defensa de Argüeso.
