La guerra en Oriente Próximo desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, está dejando ya las primeras consecuencias económicas en nuestro país. Las amenazas del país persa sobre el Estrecho de Ormuz, la vía por la que pasa el 20% del petróleo que se consume cada día en todo el mundo, han causado que el precio de la gasolina se dispare, con el barril de Brent superando ya los 100 dólares. Esto se traslada directamente a los surtidores de toda España, que ya han empezado a aumentar los precios. A la espera de analizar si la situación deriva en una nueva crisis como la de 2022 -cuando la guerra de Ucrania obligó al Gobierno a asumir parte del coste del combustible-, el posible escenario de una subida de precios abusiva por parte de las gasolineras se podría evitar, de no ser por la oposición que hacen las derechas.

El pasado 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 4/2026. Esta medida, procedente del Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, permitía topar el precio final de bienes y servicios en situaciones de emergencia, algo que se podría haber empleado, en este caso, con la gasolina. Sin embargo, el Ejecutivo tendrá que buscar otras alternativas, ya que el Congreso de los Diputados tumbó el decreto el pasado 26 de febrero, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Amparados, en el caso de los de Puigdemont, en que el texto otorgaba "una autoridad ingente al Consejo de Ministros" para intervenir el mercado, según dijo su portavoz Míriam Nogueras, la derecha tumbó un decreto que incluía medidas que servirían ahora para topar el precio de la gasolina. En lugar de eso, el Gobierno tendrá ahora que estudiar otras vías para hacerlo -el presidente Pedro Sánchez anunció el pasado miércoles que ya se están estudiando- que se demorarán en el tiempo. Los conductores tendrán que lidiar, de momento, con la subida, que ya se está reflejando en los surtidores. Este lunes, el precio medio está ya en 1,628 euros el litro, casi 15 céntimos más que a principios de mes, y con expectativa de que siga subiendo en los próximos días.

¿Cómo se podría haber topado el precio de la gasolina?

La medida de Consumo se aprobó después de que, a raíz de situaciones como el accidente ferroviario de Adamuz en enero, o la ola de incendios del pasado verano, algunas empresas aprovecharan para disparar los precios de servicios ante el aumento de la demanda. En ambos casos, por ejemplo, las aerolíneas subieron el precio de los billetes que complementaban a las líneas de tren de alta velocidad que se vieron afectadas por las catástrofes, algo que también ocurrió con otras formas de transporte o con los alojamientos. En concreto, el Ejecutivo podía limitar los precios al máximo ofertado en los 30 días previos a la situación de emergencia.

En el caso de la gasolina, el precio medio a 29 de enero de 2026 -30 días antes de los ataques de Estados Unidos e Israel- estaba en 1,445 euros el litro, según los datos del Geoportal de Gasolineras, del Ministerio para la Transición Ecológica. Para el caso de la subida de estos días, el decreto abría la puerta a una intervención, previo paso por el Consejo de Ministros, que se podría haber hecho, ya que la gasolina se vende en el mercado minorista. Si el Ejecutivo hubiera decretado que la guerra está provocando que las gasolineras alteren el mercado, podría haberla incluido entre los bienes afectados por la emergencia, y haber limitado su precio si las empresas no acreditaban la subida al aumento de los costes.

En otras palabras: el decreto permitía topar las subidas abusivas de la gasolina en situaciones como esta. En el caso del gas, que también está subiendo a raíz de la guerra, la interpretación de la medida es más complicada. El texto decía que "en aquellos servicios que cuenten con tarifas o precios regulados", como es el caso del gas, "se considerará que se cumple la condición de no incremento de precio por parte del operador". Es decir, que al ser la Administración la que fija el precio, se entiende que la subida viene motivada por el aumento del coste, y no por la especulación como sí puede ocurrir con la gasolina.

¿Qué alternativas tiene ahora el Gobierno?

A la espera de ver cuánto durará el conflicto, no contar con este decreto limita las medidas que se podrían tomar en el Consejo de Ministros de este martes. Aún así, el Gobierno tiene la posibilidad de aprobar un decreto similar al que decayó hace dos semanas, y tratar después -en un plazo de 30 días- de convencer a PP, Vox y Junts de que la situación actual sí que la convierte en una medida necesaria. En el caso de energías reguladas como el gas, el Ejecutivo sí que tiene margen para intervenir en los impuestos, cargos y peajes para abaratar su precio.

La otra vía que tiene abierta Moncloa es la que se siguió en 2022, cuando la guerra en Ucrania provocó una situación similar con el precio de la gasolina. En aquella ocasión no se intervino directamente el mercado, pero sí se tomaron medidas que redujeron su precio como la bonificación de 20 céntimos por litro, que se aplicaba en el precio final del surtidor. Además, el Gobierno aprobó ayudas específicas a sectores afectados, como el transporte o la agricultura, además de implementar el "mecanismo ibérico" y otras bonificaciones para limitar el precio de la electricidad.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha dejado claro que estas son las opciones que están sobre la mesa para afrontar la guerra en Oriente Próximo: "Si vemos que acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022", anunció el ministro.

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