El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura oficial al polémico chalet de la Sierra de Guadarrama. Tras la estancia privada de Isabel Díaz Ayuso el pasado julio, Presidencia asegura ahora que la residencia puede utilizarse en el marco de “guardias de trabajo” por parte de la presidenta y sus consejeros, pese a no concretar qué implica esa condición.
Tal y como han explicado fuentes de la Puerta del Sol a ‘eldiario.es’, el inmueble está a disposición de la presidenta y de los consejeros “cuando tengan guardias de trabajo”. La fórmula, sin embargo, no ha sido detallada: no se ha explicado en qué consiste una guardia ni qué situaciones justificarían el uso de la vivienda. Los altos cargos no cuentan con turnos ni horarios regulados como los empleados públicos, lo que deja abierta la posibilidad de que la justificación sea meramente nominal.
El chalet, de dos plantas y con piscina, forma parte de una finca de 453 hectáreas adquirida en 2023 por 4,3 millones de euros. Además de la vivienda, incluye una ermita del siglo XII y una antigua serrería. El objetivo oficial de la compra fue ampliar el patrimonio natural del Parque Nacional de Guadarrama, pero desde que se conoció la estancia de Ayuso con su familia, el uso del inmueble ha quedado bajo sospecha.
El fin de semana de julio
La controversia arrancó el 12 de julio, cuando vecinos de Rascafría advirtieron que la presidenta había pasado un fin de semana en el chalet. La propia Ayuso lo confirmó y trató de restarle importancia: aseguró que se llevó “el tupper de casa”, que cenó en un restaurante del pueblo y que compró en un Covirán, insistiendo en que no supuso gasto alguno para los madrileños.
Ese relato de “cero coste” dejó sin responder quién asumió los gastos indirectos de limpieza, electricidad, mantenimiento o seguridad. La falta de transparencia alimentó las críticas de la oposición, que acusó al Ejecutivo regional de opacidad y de uso impropio de un bien público.
El episodio resultó especialmente llamativo porque semanas antes Ayuso había censurado el uso que Pedro Sánchez hace de residencias oficiales y recursos del Estado, acusándole de “abusar de lo público”. La contradicción entre discurso y práctica intensificó el debate político.
Ayuso respondió asegurando que las críticas formaban parte de un “ataque personal” y reivindicó su trayectoria de austeridad: recordó que tiene el sueldo “congelado”, que se paga sus vacaciones, billetes de avión, restaurantes e incluso su vivienda, a diferencia —dijo— del presidente del Gobierno.
De lo privado a lo institucional
Después del revuelo, la Comunidad ha intentado presentar el chalet como un espacio con fines oficiales. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Novillo, defendió que, al no tener otro uso adecuado, el inmueble ha acogido reuniones del Consejo de Gobierno y de su consejería. También justificó que pueda servir para la pernocta de consejeros o de la presidenta por motivos de seguridad.
Desde el entorno de Ayuso señalan que en 2024 se presentó allí la apertura de la ermita del siglo XII y que se han celebrado “algunas reuniones de trabajo”. No obstante, no han aportado fechas ni motivos concretos. El único uso documentado con precisión sigue siendo el fin de semana privado de julio.
En agosto, diputados del PSOE y Más Madrid intentaron visitar el chalet, pero se les denegó la entrada alegando razones de seguridad. Además, el portal de Transparencia de la Comunidad rechazó informar sobre las estancias de la presidenta, argumentando que “no existen registros de visitantes” al no ser un edificio abierto al público.
Una casa “austera” con aires de lujo
El Ejecutivo madrileño insiste en calificar la residencia como “muy austera”. Sin embargo, un vídeo promocional previo a la compra muestra un chalet con salón con chimenea, tres habitaciones dobles con baño, una suite con despacho anexo y una amplia piscina exterior.
La imagen choca con el relato oficial y refuerza la percepción de que se trata de una residencia de lujo en un entorno privilegiado, vetado para la ciudadanía común.
