Las asociaciones de familiares de las víctimas y damnificados por la DANA del 29 de octubre han elevado la presión política sobre la Generalitat Valenciana y han exigido formalmente la entrega del acta de diputado del presidente Carlos Mazón. En un duro comunicado conjunto, han asegurado que no mantendrán ninguna reunión institucional hasta que se asuman responsabilidades políticas por la gestión de la tragedia.
Bueno mi gente de las RRSS, aquí sí que os pido máxima difusión, porque nos lo piden las familias de la Dana.
— José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) December 6, 2025
Y por ellas, lo damos todo.
Después de esta semana, de ver cómo Jorge Suárez relataba el caos del CECOPI, que si acentos, que si videollamadas a los alcaldes en plena… pic.twitter.com/l2b2hLD3PT
El pronunciamiento, firmado por la Associació Víctimes de la DANA 29 d’Octubre 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, llega tras la publicación de conversaciones de WhatsApp incorporadas a la instrucción judicial y que, según han sostenido, desmontan la versión oficial mantenida durante el último año por el Consell.
“¿Dejaron morir a nuestros familiares?”, se han preguntado en el documento, en el que expresan su indignación ante unos mensajes que, a su juicio, han demostrado que las autoridades contaban con información previa sobre la alerta hidrológica y el incremento del caudal en el barranco del Poyo y el río Magre, pero no actuaron con la urgencia necesaria.
Según las asociaciones, las conversaciones han probado que los responsables políticos conocían el riesgo, que se retrasó o negó la difusión de alertas masivas a la población y que se priorizaron mensajes de “calma” que pudieron tener consecuencias letales. “La información existía y no se utilizó para salvar vidas”, han denunciado.
Uno de los puntos más graves del comunicado ha señalado directamente al presidente de la Generalitat. Los familiares han afirmado que Mazón estaba informado de la extrema gravedad de la situación horas antes de que se produjeran las primeras muertes y que, pese a ello, no modificó su agenda. “Nos han mentido durante meses”, han sostenido, asegurando que la narrativa oficial se ha derrumbado ante las pruebas documentales..
Las asociaciones han considerado especialmente ofensivo que se haya tratado de normalizar lo ocurrido mediante “eufemismos” y rechazan cualquier intento de pasar página sin depurar responsabilidades. Por ello, han reclamado una “ruptura absoluta” con la versión de defensa sostenida hasta ahora por el Consell y han pedido la retirada de confianza y el cese de los cargos que la han defendido públicamente, citando expresamente a Salomé Pradas, Miguel Barrachina y Nuria Rovira.
Además, han exigido colaboración plena con la investigación judicial en curso en el juzgado de Catarroja, reclamando que todos los implicados faciliten la documentación, los dispositivos y los registros necesarios para reconstruir la cadena de decisiones del 29 de octubre. El punto central del comunicado es la exigencia del acta de diputado de Carlos Mazón. Las asociaciones han subrayado que, sin este paso, no valorarán ningún encuentro institucional, incluido el propuesto con el presidente de la Diputación de Valencia, Juan Francisco Pérez Llorca. “Sin este paso, no podemos valorar ninguna reunión”, han remarcado.
“Es una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias. No vamos a tolerar que se sigan encubierto responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia. Por ello exigimos medidas políticas y transparencia inmediata: Exigimos el acta de diputados de Mazón. Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión con el señor Pérez Llorca", han concluido el comunicado.
