El caso del chalet irregular del polémico juez Juan Carlos Peinado sigue viendo nuevas aristas. El Ayuntamiento de La Adrada, capitaneado por el PP, ha sido instado por la Fiscalía a que satisfaga a las peticiones de información de Fernando Jabonero y entregue los documentos correspondientes para evaluar la legalidad del inmueble, pero, al mismo tiempo, archiva las diligencias preprocesales penales al considerar que los hechos por los que se llegó a la situación de irregularidad no tienen relevancia penal. El Ministerio Público reconoce "posibles irregularidades en cuanto a la actuación de los arquitectos que trabajan para el Ayuntamiento de La Adrada al carecer de la condición de funcionarios públicos, por lo que su nombramiento podría no ser ajustado a la legalidad" y eleva al Consistorio a satisfacer la petición de información. Es decir, la Fiscalía reconoce que el Ayuntamiento de La Adrada, en lo referente a la tramitación de expedientes urbanísticos como el del chalet del juez Peinado, no ha cumplido con la ley, pero que a pesar de ello no encuentra delito, por lo que se archivan las diligencias.

Por otra parte, a juicio de Jabonero, la Fiscalía pasa por alto que los técnicos municipales no ponen reparos a las aportaciones de los interesados, informando favorablemente los expedientes urbanísticos y las inspecciones urbanísticas, al menos las previas a la concesión de licencias de primera ocupación, a sabiendas de que algunas deberían ser rechazadas. Este proceder pone en la mesa, a su parecer, la "consumación crónica de amaño de expedientes como los de la licencia del chalet de Peinado".

Sin arquitecto municipal

Otra de las aristas de la situación consiste en que el Ayuntamiento de La Adrada no cuenta con un arquitecto municipal oficial para la firma de tales proyectos. Al darse esa situación en un municipio, pasa a ser responsabilidad de la Diputación de turno (en este caso, la de Ávila) proporcionar los servicios de un profesional, pero esta es una situación de excepcionalidad y no algo que tenga que convertirse en norma. Esa es precisamente la cuestión que señala la Fiscalía: que el Ayuntamiento debería contar con esos medios.

"Se había solicitado información sobre los contratos de los asesores, pero el Ayuntamiento, otra vez, se las arregla para omitir aportar los referentes a la licencia de obras de 2004 del chalet de Peinado, y el Fiscal no aprieta a la secretaría, que alega la dificultad de acceder a esos contratos. Existe un departamento municipal que es el archivo y ahí está el tema: accédase al archivo y si la secretaria se niega a aportar esos documentos, ¿para qué están el Seprona y hasta la UCO?", se cuestiona el propio Jabonero sobre las negativas del Consistorio a aportar los documentos. Por otro lado, la propia Diputación tiene hasta cuatro requerimientos para tramitar la acción pública sobre el chalet de Peinado para la restauración de la legalidad. Entre administraciones se pasan la pelota en un terreno en el que las responsabilidades son grises, pero el panorama que se dibuja es claro: el Ayuntamiento de La Adrada no tiene arquitecto municipal, situación que la Fiscalía valora que debe solventarse, y la licencia del chalet del juez Peinado está en entredicho a vista de la posibilidad de que fuera expedida por alguien sin las competencias para ello.

Por otro lado, Jabonero también denuncia que la alcaldesa del municipio miente al decir que cada vez que tramitan un expediente administrativo, como no tienen funcionario arquitecto, quien les hace la suplencia es la Diputación. El denunciante valora que eso no puede ser así porque la Diputación no tiene los medios suficientes para hacer frente a tal volumen de firmas. 

"Hay un chalet al que se le dio una licencia de obras que no fue informada por la Diputación, y al que se pretende dar la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obras es nula al no haberse tramitado un por funcionario competente y habilitado", sentencia.

 

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