El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), intenta dar respuesta a las incógnitas -muchas todavía- sin despejar sobre el chalet, presuntamente en situación irregular, del que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en esta pequeña localidad de Castilla y León.
El Consistorio, capitaneado por el PP, ha contestado la petición de información de Fernando Jabonero, activista contra la vivienda del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mediante la que éste pedía “copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facilitar la concesión de licencias urbanísticas, incluidas la de primera ocupación y las de obra de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina”, así como de las “autorizaciones municipales para facultar las acometidas, y en su caso evacuaciones, de agua y energía eléctrica”.
De todo ello, el equipo local solamente ha enviado la “declaración responsable de obra menor” y, concretamente, para la “realización de acometida eléctrica”, según ha tenido acceso ElPlural.com. La explicación, plasmada en los folios que ha revisado este periódico, no convence nada al activista, quien considera que mete en más problemas al juez y al propio Ayuntamiento, entre otros, de los que soluciona.
"Se pillan los dedos"
Más allá de que define la justificación como “una pavesa en un incendio”, indica que “se pillán los dedos con ella”. “Es una explicación muy torpe”, detalla; alegando lo siguiente: “Ellos mismos se retratan al revelar datos como que la vivienda no se podría haber alzado al no ser suelo edificable”.
La declaración responsable emite, entre otras cuestiones, que “la acometida será subterránea discurriendo por la zona destinada a acera”. Esto, interpreta Jabonero, “¿significa que le están permitiendo intervenir en el dominio público para hacer una zanja e introducir por ahí el cableado?”. “El vecino tiene un pie de hormigón por el que va la luz y llega un punto en el que termina el recorrido (…) A la finca de Peinado no llega nada por vía aérea”. Y a esta pregunta añade otra, ya en tono un poco jocoso: “¿Cómo ha estado sin luz durante tantos años? ¿Con una vela, un generador…?”.
“Han pasado 16 meses desde que pedí la información. Falta mucho por conocer de lo que yo llamo los ‘papeles de Peinado’, aún con la presión del Comisionado de Transparencia de Castilla y León”, acentúa la fuente de las presentes líneas. “Hay muchas incógnitas que van surgiendo según se conoce un mínimo de información”, concluye.
Explicaciones insuficientes del Consistorio
El Consistorio de La Adrada respondía en primera instancia a la petición con un documento plagado de lo que el activista considera excusas y a pesar de la prisa del Comisionado de Transparencia, que volvió a insistir.
En el texto, firmado por la alcaldesa Pilar Martínez -lo mismo que el presente- señalaba que la información pedida era de “hace más de 20 años” y que, en el momento de la petición, la persona que realizaba ese trabajo “sumamente complejo” ya no desempeñaba el puesto. Todo ello condujo a que pidiera paciencia para “flexibilizar el tiempo de cumplimiento”.
El Comisionado, muy exigente
A ello el Comisionado pisaba el acelerador y apremiaba a conocer “si finalmente, se ha interpuesto recursos contencioso-administrativo frente a la Resolución y, en consonancia, si esta ha adquirido firmeza o no” y “si ya ha tenido lugar la reincorporación del Secretario-Interventor, de la que, en su anterior comunicación, parece que hacía depender el cumplimiento de la Resolución de la Comisión de Transparencia”.
“En todo caso, también le hemos solicitado que nos informe de las actuaciones llevadas a cabo en orden al cumplimiento de la Resolución”, acentuaba. Y todo ello -toda la información- debería darla en quince días desde el momento de emisión de la respuesta. De lo contrario, indicaba que se seguiría con las actuaciones y se adoptaría el “acuerdo correspondiente en relación con el cumplimiento de la resolución señalada”, apuntalaba.
En pleno verano, el Comisionado ya apercibió al Ayuntamiento de la localidad de Ávila, estimando “la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por Fernando Jabonero”. De igual manera, entendía que la administración del PP estaba obligada a “facilitar al reclamante una copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas -de primera ocupación y la de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina- (…)”.
A las peticiones recogidas las complementan el “enlace electrónico a través del cual se puede acceder a la normativa urbanística aplicable en el término municipal de La Adrada y, en concreto, a los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente con fecha el 31 de mayo de 2017”.
