La Justicia reúne buena parte de los titulares de los medios de comunicación en estos últimos días. El juicio a Álvaro García Ortiz, el hecho de que fuera hallado culpable por el Tribunal Supremo, su reciente dimisión antes de que se conozca la sentencia firme y el haber conocido en las últimas horas que será Teresa Peramato quien le sustituya como fiscal general del Estado han generado de manera continuada titulares en estas jornadas. No obstante, los artículos surgidos no han tenido únicamente que ver con las noticias directas que han generado estos acontecimientos, sino que también han traído hechos y situaciones relacionadas con ellos. Por ello, la prensa ha hallado la figura de Manuel Marchena ocupando parte de los dedicados a este proceso que se ha tornado ya como un momento histórico en la Justicia Española.
Magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2007, Manuel Marchena ha adquirido gran protagonismo en la fase final del juicio al fiscal general del Estado por lo determinante que ha resultado su voto, pues su decisión ha terminado por derivar en dictar la culpabilidad de Álvaro García Ortiz a quien atribuyen los jueces del Supremo un delito de "revelación de datos reservados". Una figura la suya que se volvió decisiva en este proceso y que no encuentra esta ocasión como la primera vez en la que se convierte en protagonista, pues sus salas han acaparado la atención mediática por distintas causas que investigó y que resultaron llamativas por a lo que se pudo atender en su transcurso y resoluciones, como las relativas a los líderes independentistas catalanes, la polémica retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, el final de la carrera judicial de Baltasar Garzón, el perdón que dio al rey emérito por sus delitos contra la Hacienda Pública, o los casos Campanario, Mari Luz o Atutxa.
No obstante, no quedan ahí las ocasiones en las que Marchena ha adquirido tan sonado protagonismo, sino que su círculo cercano, concretamente sus hijos, también han despertado cierta controversia.
Manuel Marchena Jr., el abogado que consiguió al "Pequeño Nicolás" una rebaja de pena en el Supremo
El mayor de los hijos del magistrado también desarrolla su carrera profesional en el ámbito judicial, aunque no desde la posición de juez sino de la de abogado. Cobró no hace mucho algo de protagonismo cuando se conoció que sería el encargado de representar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el conocido como "Pequeño Nicolás".
Parece que la decisión que tomó el "Pequeño Nicolás" fue acertada al elegir al hijo de Manuel Marchena como abogado, ya que, recientemente, el Tribunal Supremo rebajó el pasado 30 de octubre su condena por un delito continuado de falsedad documental al haber engañado al empresario Javier Martínez de la Hidalga; y, además de ello, le absolvió del delito de usurpación de funciones, al haber fingido ser agente del Centro Nacional de Investigación (CNI) y del Gobierno central en la etapa de Mariano Rajoy.
Con este trasfondo de por medio, resulta notorio que es el hijo del magistrado, Manuel Marchena, el abogado del Pequeño Nicolás, quien ha conseguido en el proceso judicial una reducción de condena, pasando de tres años y cinco meses de prisión a, finalmente, dos.
Sofía Marchena, la fiscal que encontró su puesto de trabajo en la creación de una plaza adicional
Sofía Marchena, hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, se convirtió en el centro de una polémica por haber obtenido una plaza en la carrera fiscal con circunstancias que resultaron poco usuales. Según denunció en su momento la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), junto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en la convocatoria de oposiciones se creó una plaza adicional para fiscales, que no estaba prevista originalmente, y dicha plaza fue adjudicada a Sofía Marchena.
Esto resultó llamativo en su día porque en 2016 Sofía había superado las oposiciones con una nota de 68,20, pero tras abandonar la Escuela Judicial por enfermedad, en el listado oficial aparecía con una calificación mucho más baja, de 52,31, lo cual generó suspicacias.
Las asociaciones exigieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que explicara cómo se decidió “crear” esa plaza extra y por qué se modificó su nota. También reclamaron el expediente completo del proceso: desde su baja por enfermedad hasta la decisión del CGPJ y del Ministerio de Justicia para transformar una plaza originalmente destinada a jueces en una para fiscales.
Por su parte, el CGPJ, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia defendieron la legalidad del proceso. Para ello argumentaron que no se vulneró ningún derecho de los aspirantes, que se respetó la elección de carrera judicial o fiscal, y que la plaza otorgada a Sofía Marchena provenía de una de las pocas vacantes no cubiertas en la convocatoria.
Este episodio reavivó acusaciones de trato de favor hacia la familia de uno de los jueces más influyentes del Supremo, en un contexto ya marcado por otras controversias de Manuel Marchena.
Un voto contradictorio con otros procesos judiciales
Además de haber sido protagonista por otras causas como las mencionadas anteriormente, el magistrado del Tribunal Supremo ha despertado cierta polémica en torno a su voto en el juicio al fiscal general del Estado por otras ocasiones en las que lo que se investigaba resulta familiar y cuya decisión ahora se torna contradictoria.
Allá por 2014, durante el mandato del PP de Rajoy, un militar se querelló contra el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, por la publicación de una nota de prensa en la que reveló datos personales del afectado para tratar de desacreditarlo públicamente -lo que guarda tintes de similitud con el caso del fiscal general-. La resolución de entonces desestimó la querella, basando su argumentación sobre la idea de que los datos ya fueron revelados por el denunciante; por ende, los magistrados consideraron que no se desveló secreto alguno con dicha comunicación: “No comportaba la violación de ningún deber de reserva”, fallaron.
Asimismo, en 2016, la misma Sala de lo Penal del Supremo revocó una condena impuesta al juez cántabro Luis Acayro Sánchez Lázaro, sentenciado a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por un delito de revelación de secretos. El magistrado fue condenado por remitir al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el certificado de antecedentes penales - ya cancelados - de un ciudadano que lo había denunciado. Con el transcurso del proceso judicial, finalmente, los magistrados, entre los que también estaba Marchena, concluyeron que no se incurrió en ninguna injerencia ilegítima en el derecho a la autodeterminación informativa, aspecto protegido por la Constitución.
