El presidente de la plataforma Atenea, y exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha querellado contra dos responsables del que era su partido tras las elecciones del 23J. La denuncia presentada ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, que ha citado a dos miembros del Equipo de Cumplimiento Normativo de la formación ultra liderada por Santiago Abascal: Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro.
Según Espinos de los Monteros, Dávila y Navarro facilitaron a un determinado medio de comunicación datos privados de un expediente abierto en su contra a raíz de una denuncia presentada por tres concejales de la formación en Collado Villalba a través de los canales internos del partido. Ambos eran proclives a trasladarlo a Fiscalía, y esta lo archivó. Sin embargo, el contenido de la denuncia y sus detalles fueron publicados en un diario de prensa.
El que fuera portavoz ultraderechista siempre vinculó ello con la intención de su antiguo grupo político de fabricar una historia en su contra. Su única intervención en el asunto, según él, fue la de llamar a una de las responsables del partido en un pueblo y transmitirle que había una persona que quería explicarle las consecuencias de una votación. El PP y PSOE votaron a favor de la resolución que traía y Vox se abstuvo, que era lo que pensaba hacer desde el principio.
La denuncia transmitida a travvés del denominado canal ético de Vox, acabó difundida en prensa con alusiones a la documentación transmitida, considerada confidencial. Se acusaba a Espinosa de los Monteros de haber llamado por teléfono a la portavoz del grupo municipal de Vox en el referido municipio madrileño, Ana Isabel de Dompablo, para que se viese con un empresario de la construcción que estaría interesado en un proyecto que iba a votarse en el pleno municipal, el de Cantos Altos.
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Por entonces, Espinosa ya no ocupaba cargos en Vox. Pese a ello, el partido inició la apertura de un expediente que acabó en manos del Área de Cumplimiento. Dávila y Navarro contactaron con el presidente del think tank Atenea con el que mantuvieron distintas reuniones telemáticas a las que asistió en compañía de su abogada. A lo largo de todo el proceso se negaron a facilitarle detalles del expediente y, en el encuentro, se le informó de que la denuncia apuntaba a un posible conflicto de intereses a través de una comunicación con personas del partido destinada a dirigir su voto.
La querella apunta a que los dos responsables denunciados estaban encargados del expediente y tenían acceso a toda la documentación. Además, tenían la obligación de mantener la confidencialidad del contenido reservado del expediente. Para el exdiputado resulta evidente que el Área de Cumplimiento permitió que se distribuyera el contenido del expediente abierto a la prensa, incluyendo elementos muy concretos que solo podían conocer los cargos responsables de la investigación.
El juez se ha dirigido al partido político Vox para que remita el expediente completo e indique a qué personas, miembros del partido o ajenas a él, se ha dado acceso o han contado con una copia de la denuncia original. Las relaciones entre Vox y su antiguo portavoz del Grupo en el Congreso, están visiblemente rotas tras la salida de éste de la formación junto a varios miembros de la considerada "rama liberal".
