Los tribunales frenan a Ayuso: el aborto y Telemadrid, los últimos varapalos, pero no los únicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa en los últimos meses una racha complicada en los tribunales, con varias resoluciones judiciales que han puesto en cuestión actuaciones clave de su Gobierno. Los últimos revés han llegado esta misma semana en relación con el derecho al aborto y con la controvertida reforma de la ley de Telemadrid. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó este mismo lunes que la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

La resolución judicial no obliga todavía a tener el registro listo de forma inmediata, pero sí deja claro que la administración regional debe comenzar los procedimientos administrativos necesarios para su puesta en marcha. El registro es de obligado cumplimiento, ya que está recogido en la ley orgánica de 2023 y fue acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid.

A pesar de ello, el Gobierno de Ayuso decidió no desarrollar la medida cuando el Ministerio de Sanidad requirió su aplicación. De hecho, la Comunidad de Madrid llevó el asunto a los tribunales alegando que se trataba de una batalla ideológica promovida desde La Moncloa. Sin embargo, el TSJM ha respaldado la posición del ministerio al considerar que la normativa obliga a iniciar los trámites para la creación del registro.

La importancia de este registro se resume en que permitirá a los hospitales públicos organizar sus servicios para garantizar el derecho al aborto. Cabe destacar que, en la Comunidad de Madrid, la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas, una situación que refleja las dificultades existentes para realizar este procedimiento dentro del propio sistema sanitario público.

El TC declara inconstitucional el acuerdo de la Mesa

Otro frente judicial ha afectado a la controvertida reforma de la ley de Telemadrid, aprobada en 2021. El Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y del pleno de la Asamblea de Madrid que permitió tramitar por el procedimiento de lectura única la ley impulsada por el Gobierno de Ayuso para reformar Telemadrid en 2021.

La ponencia del Tribunal Constitucional dictó que el procedimiento utilizado para aprobar la norma vulneró los derechos de los diputados de la oposición al “hurtar el debate” parlamentario, en particular del PSOE, que presentó el recurso.

La resolución sostiene que la Asamblea de Madrid aprobó la reforma mediante lectura única sin que existieran las circunstancias excepcionales que justifican ese mecanismo. Este procedimiento eliminó la posibilidad de debate parlamentario y la presentación de enmiendas.

No obstante, cabe señalar que esta sentencia no tendrá efectos prácticos sobre el contenido de la ley, que afecta al ente de radiotelevisión autonómico, ya que los diputados solo recurrieron el procedimiento y no el texto legislativo.

Varapalo por la Ley de Vivienda

Sin embargo, el conflicto judicial no se limita a estos dos casos clarificados esta última semana, ya que el Tribunal Constitucional asestó otro golpe al Ejecutivo autonómico hace menos de un mes al desestimar su recurso contra la Ley de Vivienda estatal. La Comunidad de Madrid sostenía que la norma invadía competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda, recogidas en su Estatuto de Autonomía.

El Constitucional rechazó estos argumentos y ha reafirmado la constitucionalidad de la ley. La sentencia sostiene que “el legislador estatal goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros”.

El Constitucional frena el veto a iniciativas de la oposición 

Finalmente, otro de los reveses proporcionados por el Tribunal Constitucional al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pone freno a una práctica que la oposición llevaba tiempo denunciando en la Asamblea de Madrid: el bloqueo de iniciativas parlamentarias incómodas para el Ejecutivo autonómico.

El alto tribunal estimó a principios de año el recurso presentado por el PSOE-M y concluyó que la Mesa de la Cámara vulneró los derechos de los diputados al impedir la tramitación de varias preguntas dirigidas al Gobierno regional. Con esta decisión, el Constitucional respalda el derecho de la oposición a ejercer su labor de control parlamentario.

Las iniciativas vetadas giraban en torno al jefe de gabinete de la Presidencia madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, en torno a sus amenazas y a los casos judiciales que giran en torno a Alberto González Amador.

El Tribunal Constitucional consideró que la Mesa de la Asamblea regional —de mayoría parlamentaria popular— no puede utilizarse para defender a la presidenta regional.