Nuevo episodio en la causa abierta contra Alberto González Amador. Según el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com, la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado la apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los otros cuatro empresarios a los que el Ministerio Fiscal encuentra como cooperadores necesarios del entramado que se investiga, que habría llevado a cabo posibles delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La magistrada toma la decisión tras considerar que existen indicios suficientes para proceder a ello y, ahora, el caso pasa a los Juzgados de lo Penal de Madrid, que deberán marcar las testificales y fechas para el juicio en el que, además de ver en el banquillo a los empresarios Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso enfrentará un juicio en el que le acusan de hasta cinco delitos ante los que se han solicitado unas penas que sumarían casi 8 años de prisión.
Un juicio que tendrá lugar, más tarde o más temprano, ya que Rodríguez-Medel indica en el auto que la decisión es firme y que no queda espacio para la presentación de recursos, salvo por circunstancias relacionadas con las situaciones personales de los acusados. En este procedimiento judicial, la magistrada no ha marcado medidas cautelares.
El caso llega, ahora, a los Juzgados de lo Penal de Madrid. La jueza acuerda el juicio oral y se pasa a procesar, por parte del Ministerio Fiscal, a Alberto González Amador por dos de los cinco delitos que se le atribuyen en las diferentes denuncias efectuadas por distintas partes. Así, este órgano judicial marca dos faltas contra la Hacienda Pública, relacionadas con los impuestos de sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021. A estas acusaciones se suman, en este nuevo tribunal al que se pasa ahora, las presentadas por la Abogacía del Estado y las acciones populares que han ejercido PSOE y Más Madrid.
Si se atiende al detalle de este auto, se puede hacer una desglose de cómo se distribuyen, entre los cinco delitos que se le atribuyen al novio de Ayuso, los casi ocho años de prisión a los que podría enfrentarse de salir culpable en cada una de las infracciones por las que se le llevan ante los tribunales. De esta manera, comenzando por el Ministerio Fiscal, por los delitos contra la Hacienda Pública en relación a los impuestos de sociedades correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, se pide un año y nueve meses de prisión por el primero, a los que se sumarían la solicitud de dos años y un día por el segundo.
Por su parte, en la acusación registrada, además de entender también la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios fiscales mencionados y en relación al Impuesto sobre Sociedades, la Abogacía del Estado, que actúa en este caso en representación de la Agencia Tributaria, observa que, igualmente, se dan faltas continuadas de falsedad documental. De esta manera, ratifica las penas de prisión que reclama el Ministerio Fiscal por los fraudes fiscales de 2020 y 2021.
Por último, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid exponen en su denuncia que Alberto González Amador y los otros cuatro empresarios acusados habrían cometido delitos de carácter continuado contable, continuado de falsedad en documento mercantil y de pertenencia a organización criminal.
De estos tres delitos piden seis meses de cárcel para Alberto González Amador por el continuado contable, tres años por el continuado de falsedad en documento mercantil y un año y medio por la pertenencia a organización criminal.
El proceso judicial vuelve a entrar ahora en un momento de pausa mientras los Juzgados de los Penal de Madrid marcan las testificales y fechas para el juicio. Pocas herramientas le quedan a Alberto González Amador para evitar este proceso, sin bien todavía podría alcanzar un acuerdo de conformidad -algo que puede hacer en cualquier momento- con la abogacía del Estado y con la Fiscalía. No obstante, esto sería difícil pues fue el propio empresario el que se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones en su contra, al darse a conocer la confesión de culpabilidad que iba a realizar.
