Guadalupe, la fontanera de la derecha judicial: los rostros más importantes de su cartera de clientes

Desde un piso en el Paseo de la Castellana convertido en despacho legal opera la abogadísima Guadalupe Sánchez, más conocida en fueros virtuales como Proserpinasb, precedido del arroba correspondiente de X – antes Twitter -. Una letrada que no sólo ejerce como tal. De un tiempo a esta parte, se ha convertido en una herramienta necesaria de la derecha judicial. Una suerte de llave inglesa para arreglar los rotos de las cañerías del flanco diestro en los tribunales, compaginándolo con el púlpito mediático que le ofrece The Objective. Ascenso a las cotas más altas del mundo comunicativo que se ha granjeado, en cierto modo, gracias a la cartera de clientes de su bufete Novalex. Una nómina de rostros que aglutina desde a Juan Carlos I, hasta Esperanza Aguirre, pasando por el novio de Isabel Díaz Ayuso e incluso el juez Juan Carlos Peinado.

Es relativamente sencillo seguir el rastro de la prestigiosa lista de representados del bufete de Sánchez. En su propia página web, se vanaglorian de todos los casos en los que han participado. Procesos judiciales de los que alardean con orgullo, como por ejemplo un amago de denuncia interpuesta de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a Pedro Sánchez (y al PSOE). Incluso la abogada, que cuenta con un espacio en The Objective, repasó el caso con su clienta a modo de debate presentado por el director del citado medio de comunicación, Álvaro Nieto.

Los casos de Peinado y González Amador

La liebre saltó gracias a una información publicada unos días atrás por Canal Red, donde se desvelaba que Sánchez asumía la representación legal del juez estrella de la derecha: Juan Carlos Peinado. Y es que el magistrado que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ha emprendido una ofensiva para defender su honor que arrancó con una primera denuncia en abril contra el periodista Max Pradera y que continuó ese mismo mes contra el exconcejal socialista Fernando Jabonero. Más adelante, la lista se amplió hasta completar un total de ocho querellados con Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón y Antón Losada, así como a dos ministros como a Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente.

Una estrategia que sigue la pauta que ya marcó la propia Sánchez con otro de sus representados: Alberto González Amador. Fue la abogadísima la que asumió la cruzada judicial del novio de Ayuso por presuntas calumnias en 2024, cuando, en nombre de la pareja de la presidenta madrileña, interpuso un alud de demandas de protección del honor contra políticos y periodistas que le habían calificado como “defraudador confeso” tras salir a la luz sus problemas con el fisco. Una ofensiva en la que la abogada señaló públicamente a diversos miembros del Consejo de Ministros, de la oposición madrileña y otros comunicadores a quienes reclamaba una indemnización próxima a los 500.000 euros en concepto de reparaciones por lo que tildó de “linchamiento público” a su cliente. No obstante, la estrategia falló al entender que tal expresión – la de “defraudador confeso” – tenía base fáctica y cabía en el debate político legítimo.

Del rey emérito…

En la distancia, pero con un guion bastante similar, se hizo cargo de la representación del padre de Felipe VI. Un Juan Carlos I, cuya imagen se ha dilapidado después de trascender el rosario de problemas con el fisco, dejó en manos de la abogada su cruzada contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, por el mismo motivo que González Amador y Peinado. La defensa del padre de Felipe VI exigió al ex líder del PRC que rectificara en unas declaraciones “difamantes” y “oprobiosas”, reclamándole al político 50.000 euros por daños morales.

… a Aguirre

Otra clienta habitual de la ‘boutique judicial’ de Sánchez es la expresidenta de la Comunidad de Madrid y ´maestra´de Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre. La exlideresa recurrió a Novalex cuando ésta se dirigió a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid para solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un acto de conciliación previo a la interposición de una demanda civil por – de nuevo - daño al honor de la exdirigente del Partido Popular de Madrid. La ex jefa del Ejecutivo regional entendió que el líder socialista vulneró “gravemente” su reputación al acusarla, en plena entrevista en El Programa de Ana Rosa, de ser una “máquina de matar”.  

“[Sánchez] le habría imputado a Esperanza Aguirre una conducta delictiva faltando a la verdad y con el objeto de atentar contra la consideración pública y personal, haciéndolo, además, en un programa de gran alcance y audiencia en el que intervenía en calidad de presidente del Gobierno”, denunciaba en su momento la letrada. En el escrito, además, reclamaba una indemnización de 1.000 euros al jefe del Ejecutivo para no llegar a la demanda, así como una rectificación en la que reconociese que los hechos y manifestaciones injuriosas “no eran ciertos y determinan una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

El caso de Carlos Vermut

Entre los casos más sonados que han pasado por las manos de Sánchez se encuentra el del cineasta Carlos Vermut, denunciado por varias mujeres por presuntos abusos sexuales. La repercusión mediática del caso fue inmediata, especialmente tras la publicación en El País de una investigación en enero de 2024 que recogía los testimonios de las denunciantes. Lejos de quedarse al margen, Vermut respondió interponiendo acciones legales contra el propio diario, contra su directora, Pepa Bueno, y contra los periodistas que firmaron los textos.