Esperanza Aguirre, entre las personas que han sido representadas por el bufete de Guadalupe Sánchez

La 'boutique judicial' (así se autodenominan) Novalex, en la que trabaja Guadalupe Sánchez, también defendió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros clientes 'ilustres'. La página web de este bufete de abogados cuenta con un recopilatorio de prensa del que se puede extraer la lista de personalidades a las que han prestado sus servicios.

Guadalupe Sánchez defendió los intereses de la expresidenta madrileña cuando los Juzgados de Primera Instancia de Madrid recibieron su solicitud para pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un acto de conciliación previo a la interposición de una demanda civil por presunto daño al honor. La que fuera máxima autoridad de la región capitalina consideró que Sánchez atentó "gravemente" contra su reputación tras acusarla, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa, de ser una "máquina de matar". "[Sánchez] le habría imputado a Esperanza Aguirre una conducta delictiva faltando a la verdad y con el objeto de atentar contra la consideración pública y personal, haciéndolo, además, en un programa de gran alcance y audiencia en el que intervenía en calidad de presidente de Gobierno", denunciaba la abogada.

El escrito solicitaba también una indemnización de 1.000 € de forma inmediata al jefe del Ejecutivo, y para no llegar a la demanda, una rectificación por parte de Sánchez en la que reconociese que los hechos y manifestaciones injuriosas atribuidas "no eran ciertos y determinan una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". 

Juan Carlos Peinado

Continuando con la lista de clientes destacados de Guadalupe Sánchez y Novalex, también está el juez Juan Carlos Peinado La ofensiva judicial del magistrado para defender su honor alcanza varios políticos y periodistas en el marco de la investigación sobre Begoña Gómez, exigiendo retractaciones públicas e indemnizaciones económicas cuantiosas.

Desde abril de 2024, el juez Peinado ha iniciado acciones legales contra ocho figuras, entre políticos y periodistas, que cuestionaron públicamente su actuación en el caso Begoña Gómez. En sus escritos de demanda, a los que accedió 'Público', el magistrado alega la comisión de un supuesto “delito de injurias y calumnias” y advierte que, si los aludidos no se retractan en los términos exigidos, interpondrá una querella por dicho ilícito. Además, reclama indemnizaciones de decenas de miles de euros por los “daños morales y perjuicios” que habrían causado a su honor al difundir informaciones que considera falsas e insultantes.

El magistrado presentó su primera denuncia en abril contra el periodista Max Pradera, seguida ese mismo mes por otra contra el exconcejal socialista Fernando Jabonero. Más adelante amplió la ofensiva con demandas dirigidas al exvicepresidente Pablo Iglesias, a los periodistas Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón y Antón Losada, así como a dos ministros en funciones: Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes). No obstante, tres de los aludidos (Losada, Marlaska y Puente) ni siquiera han recibido notificación formal de la querella por el momento, más allá de anuncios en prensa. En conjunto, las indemnizaciones exigidas por Peinado superan los 200.000 euros. Tras toda esta cascada de denuncias está Guadalupe Sánchez, con el mismo modus operandi constantemente: primero, una exigencia de rectificación pública y compensación bajo amenaza de querella (mediante un acto de conciliación previo) y, si el aludido se negaba, la abogada formalizaba la denuncia penal por injurias o calumnias.

Alberto González Amador

Guadalupe Sánchez también fue la representante legal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en sus denuncias judiciales por calumnias contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros políticos y periodistas que le habían tildado de "defraudador confeso". En nombre de González Amador, Sánchez interpuso múltiples demandas de protección del honor. En aquella ofensiva, la abogada cargó contra varios miembros del Gobierno (entre ellos la propia Montero), contra dirigentes de la oposición madrileña y contra comunicadores mediáticos, reclamando en total cerca de 500.000 euros en reparaciones por lo que denunciaba como un "linchamiento público" a su cliente.

Aquel enfrentamiento legal llegó hasta el Tribunal Supremo, que en mayo de 2025 terminó desestimando la demanda por vulneración del honor interpuesta por el empresario contra la ministra. Montero había declarado que el novio de Ayuso era un “delincuente confeso” aludiendo a la investigación por fraude fiscal abierta contra él. El Supremo concluyó que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión, dado que versaban sobre un asunto de interés general y afectaban a una persona con notoriedad pública (derivada de su relación con una figura política), sin constituir insultos gratuitos desligados de hechos objetivos y sentando una jurisprudencia clara que dejó sin recorrido el resto de demandas por honor interpuestas por González Amador. 

Juan Carlos I

En el caso del rey emérito, Guadalupe Sánchez le defendió en su batalla legal con el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, tras unas declaraciones realizadas por el político en distintos medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que "calumnió gravemente a mi representado, y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamatorias y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor".

La denuncia exigía al político el pago de una multa de 50.000 euros. "Quiero decir con claridad que la multa, si me la ponen, la voy a pagar yo, que no acepto que nadie me dé dinero. No quiero, por nada del mundo, que nadie pague. Si hay que pagar, lo hará Miguel Ángel Revilla con todo el esfuerzo del mundo. Los ciudadanos no tienen que hacerse cargo de una multa en la que ellos no han tenido nada que ver", sentenciaba, en referencia a que hubo ciudadanos que se ofrecieron a ayudarle a costear esa sanción en su momento.

Daniel Lacalle

Por otra parte, el economista Daniel Lacalle, otrora cerebro económico del Partido Popular, demandó a elDiario.es por haberle acusado de plagiar su tesis doctoral. Del mismo modo que en los casos anteriores, se trataba de una demanda civil por presunta intromisión en su derecho legítimo al honor, exigiendo una indemnización por el daño reputacional ocasionado. En aquel caso, también fue Novalex el encargado de la defensa del economista.

En concreto, Lacalle emprendió acciones legales contra el citado medio progresista por los siguientes textos: "Daniel Lacalle obtuvo un doctorado ‘cum laude’ con una tesis plagada de ‘copia y pega’ de textos ajenos y propios" y "Las primeras 70 páginas de la tesis de Daniel Lacalle están copiadas de otros autores".

Contra Irene Montero

Novalex también representó a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, en una demanda contra la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada, Irene Montero, por haberle llamado maltratador. Sevilla fue indultada pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos. El afectado denunciaba que la política se había dirigido a él en estos términos sin contar con ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo, y los magistrados condenaron a la exministra a pagar 18.000 euros y a dar difusión a la sentencia.

Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda fue formalizada ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal apreció que incurrió en una vulneración al derecho al honor del demandante.

Contra Ana Pardo de Vera

Por último, y también relacionado con Rafael Marcos, la periodista y exdirectora del diario Público Ana Pardo de Vera se tuvo que disculpar públicamente en La hora de La 1 por haber llamado "pederasta" al exmarido de María Sevilla. 

La profesional ya había reculado previamente en las redes sociales en una serie de mensajes en los que afirmaba que era su deseo poder enmendar la situación tras haber sido notificada de una demanda de conciliación interpuesta por los abogados de Marcos, Arroyo Abogados y Novalex, tal y como expone el bufete en su propia página web: "Este caso se llevó a cabo en colaboración de la letrada directora de nuestro departamento jurídico, Guadalupe Sánchez, con la abogada Ruth Arroyo, del bufete Arroyo Asociados".