El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visto esta semana cómo sus demandas contra miembros del Gobierno, diputados y tertulianos se han quedado sin recorrido. La lista de demandados por el empresario va desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el propio PSOE como partido, Más Madrid o Xabier Fortes, entre otras figuras. Sin embargo, el Supremo ha publicado un auto en el que reconoce que las acusaciones de "defraudador confeso" que está recibiendo el empresario "tienen base fáctica" y que si estas palabras provienen de responsables políticos, "están haciendo uso de su libre ejercicio político". "Las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, tienen una base fáctica razonable y han sido realizadas por una diputada electa", dicta el auto, en referencia a María Jesús Montero. Esta jurisprudencia, a su vez, pone en aprietos al rey emérito Juan Carlos I y a su demanda contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, al tratarse de casos similares jurídicamente hablando.

Así lo analizaban desde Malas lenguas, el programa de Jesús Cintora, que contaba con la voz del magistrado Joaquim Bosch para arrojar algo de luz sobre el asunto. "En esta sentencia, el Tribunal Supremo ha vuelto a consolidar su jurisprudencia y ha dicho que prevalece la libertad de expresión sobre el honor cuando se trata de cuestiones de interés general, cuando afecta a personas de notoriedad pública y, sobre todo, cuando sea un cargo político quien haya emitido las manifestaciones, porque tienen un margen todavía más alto para ello", arrancaba el magistrado.

"Por ende, expresiones como defraudador confeso, presunto corrupto y otras equivalentes estarían amparadas por el derecho fundamental. Es un debate jurídico muy parecido al de Miguel Ángel Revilla y el del rey Juan Carlos, y hace previsible que pueda volver a ser amparada la libertad de expresión", reflexionaba. El rey emérito interpuso una demanda contra el político cántabro por injurias por haberle llamado "corrupto" y asegurar que debía devolver lo defraudado a los españoles.

"¿Quién tiene razón en esa contradicción entre el novio de Ayuso y su abogado?", le preguntaba Cintora a Bosch, en relación la contradicción surgida entre González Amador y su abogado. El empresario aseguró en sede judicial que no era consciente del pacto al que su abogado llegó con la Fiscalía, pero los mensajes que fueron publicados en medios de comunicación demostraban lo contrario. "Bueno, lo que vemos en los juzgados de forma habitual es que estos pactos de conformidad, sobre todo cuando se acepta una prisión, el abogado los consulta con su cliente y es lógico que así sea. Lo que pacten abogado y Fiscalía no sirve de nada si luego el acusado no lo reconoce ante el juez", explicaba.

"Es muy extraño que pueda reconocerse el pago de 500.000 euros y prisión sin haber hablado antes con el cliente. De forma muy mayoritaria, se habla todo entre abogado y cliente siempre", sentenciaba Bosch.

Casi 500.000 euros en demandas

En total, González Amador ha interpuesto demandas por valor de 495.000 euros, en un intento por resarcirse de lo que considera un "linchamiento público". Entre los miembros del Gobierno y partidos políticos demandados figuran el presidente Pedro Sánchez (100.000 euros), el ministro Félix Bolaños (50.000), el director de gabinete Óscar López (50.000), la vicepresidenta Montero (40.000), la ministra Pilar Alegría (40.000) y la titular de Ciencia, Diana Morant (15.000). También ha dirigido acciones contra el PSOE (30.000), el jefe de comunicación del partido, Ion Antolín (30.000), el diputado José Zaragoza (10.000), la portavoz Isabel Rodríguez (20.000) y, en el ámbito autonómico, contra Más Madrid (15.000), Manuela Bergerot (20.000) y Rita Maestre (15.000).

La ofensiva legal también alcanza al terreno mediático y académico, con demandas por supuesta vulneración de su honor contra periodistas y tertulianos. En este apartado se incluyen Xabier Fortes, Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón, con reclamaciones individuales de 5.000 euros cada uno, así como el politólogo y divulgador Alan Barroso, contra quien reclama 40.000 euros. Todos ellos han realizado intervenciones o publicaciones en las que se referían a la figura de González Amador en el contexto de la investigación penal que le afecta. No obstante, parece que todo caerá en saco roto después de que el Supremo siente jurisprudencia.

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