La magistrada Inmaculada Iglesias ha emitido un auto de pase a procedimiento abreviado contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. La decisión de la jueza pone punto y final a la instrucción de la pieza principal, cuyo objetivo era la investigación de fraude a Hacienda de 350.951 euros por parte del empresario en dos ejercicios fiscales. Asimismo, el novio de la jefa del Ejecutivo madrileño sigue imputado por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada abierta en el mismo juzgado.
En el mismo auto, la magistrada también sienta en el banquillo a un hombre de nacionalidad mejicana, Maximiliano Niederer, a quien se considera como el testaferro del novio de la presidenta, así como a otras tres personas que habrían prestado varias sociedades fantasma para que las utilizase la trama.
El auto
Según explica la magistrada en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, “de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por la inspección de la AEAT resulta que la Sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente S.L (en adelante Maxwell) en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL. en 2021“.
“Con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades de dichos periodos se dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas giradas que no se corresponden con los servicios prestados (es decir, se trata de facturas falsas o falseadas). Asimismo, con la finalidad de reducir su tributación en 2021, Maxwell facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quirón Prevención a través de Masterman & Whitaker SL, cuyo socio y Administrador único es D. Alberto González Amador. Esta empresa carecía de medios materiales para prestar los servicios, los cuales fueron prestados por Maxwell, cuya finalidad era un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad de una sociedad vinculada con él y con ello generar bases imponibles negativas en Masterman SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener“, prosigue narrando la jueza.
La magistrada apostilla que, “como resultado de dicha conducta, el contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155,000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021. De los informes resulta que Maxwell Cremona SL se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados“.
El caso del novio o el 'ciudadano particular' según Ayuso
El caso judicial de Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso, podría haber sido el de un “ciudadano particular”, como reclama la propia Isabel Díaz Ayuso, si el Gobierno regional hubiera prescindido de salir en su defensa desde el momento en que estalló el caso por el que se investigan hasta cinco delitos, por dos de los cuales ya ha sido procesado. Sin embargo, una vez asumida la defensa mediática por parte de la administración madrileña, incluyendo la difusión de bulos y las amenazas a periodistas, la investigación pasó a ser de interés público, tal y como recordaba el Supremo esta semana al tumbar una de las demandas de González Amador contra un miembro del Gobierno de Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, por un lado (y con auto de procesamiento); y otros dos más, contemplados en otra causa judicial, por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia imputa estos cinco delitos a González Amador, lejos de la “simple multa” por un atraso en el pago de una deuda tributaria a la que Ayuso aseguraba que se enfrentaba su pareja. Una mentira, como la de que Hacienda le debía dinero al defraudador doblemente confeso, con la que Carlos Alsina sonrojó a la baronesa del Partido Popular (PP) hace 48 horas y que es fácilmente desmontable.
A González Amador se le procesa por la presunta elusión intencionada de más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, en plena pandemia, a través de la emisión de facturas falsas y la utilización de empresas pantalla con un contrato 'pelotazo' de dos millones de euros por la compraventa de mascarillas en plena pandemia.
