Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vio este martes fenecer sus opciones de éxito en las múltiples demandas interpuestas por sus abogados contra miembros del Gobierno, diputados tanto nacionales como autonómicos, responsables de comunicación, partidos políticos e incluso tertulianos de corte progresista.
La lista de demandados por el empresario, quien a su vez se ve salpicado en dos causas de máxima relevancia -una en la que se investigan sus presuntos delitos y otra en la que él, como demandante, trata de averiguar la implicación del fiscal general del Estado en la filtración de su fraude confeso-, es amplísima: desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta PSOE, Más Madrid o Xabier Fortes, entre otros. No obstante, si alguna causa ha tenido cierta celeridad ha sido la concerniente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desestimada este martes por el Tribunal Supremo.
Casi al mismo tiempo que en el Alto Tribunal se tomaba declaración al exabogado de González Amador, de los juzgados de plaza de París salía una sentencia desestimando la demanda interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso a la vicepresidenta Montero. Un auto de 24 páginas en el que el Supremo defendía que, en su libre ejercicio político, la ministra catalogase al empresario como “defraudador confeso”, habida cuenta de que su exabogado Carlos Neira así lo reconoció en un intento de pacto con la Fiscalía para evitar la pena de prisión por el fraude fiscal de cerca de 350.000 euros en el cobro de comisiones por contratación sanitaria durante la pandemia.
El auto, que al tratarse del Tribunal Supremo crea jurisprudencia y entierra las opciones de éxito de González Amador en buena parte de sus demandas interpuestas contra otros miembros del Ejecutivo, se basa en varias premisas claras. La primera es que el empresario, pese a no ser una persona pública, sí que tiene repercusión pública al ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, principal azote del Gobierno desde su puesto de mando a nivel autonómico.
El demandante no es un personaje público, pero sí es una persona con notoriedad pública
“El demandante no es un personaje público, pero sí es una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental, presidenta de una comunidad autónoma, a la que también se hacen numerosas menciones en los mensajes, a fin de corresponsabilizarla de las actividades de su pareja”, indica el Alto Tribunal en la nota explicativa de la sentencia.
Nota aclarativa a tener en cuenta en otra de las bases para desestimar la demanda: la libertad política. El Alto Tribunal, a lo largo de las 24 páginas de auto, corrobora que las manifestaciones de Montero -creando base para fallar en la misma dirección en las causas abiertas, por ejemplo, contra el presidente Sánchez-, se circunscriben a la “crítica política con base en la investigación penal existente sobre la pareja de un cargo público”: “La sala concluye que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables”.
Además, y para acabar de dar por finiquitadas las quejas de la abogada del novio de Ayuso en estas demandas, Guadalupe Sánchez Baena -quien también defiende los intereses del rey Juan Carlos I en sus causas por difamación contra, por ejemplo, el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla-, la sala de lo Civil del TS incide en que se cumplen los cuatro preceptos exigibles a Montero para hacer primar su libertad de expresión sobre las quejas de González Amador: “Las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, tienen una base fáctica razonable y han sido realizadas por una diputada electa”.
495.000 euros en demandas
En total, González Amador ha interpuesto demandas por valor de 495.000 euros, en un intento por resarcirse de lo que considera un “linchamiento público”. Entre los miembros del Gobierno y partidos políticos demandados figuran el presidente Pedro Sánchez (100.000 euros), el ministro Félix Bolaños (50.000), el director de gabinete Óscar López (50.000), la vicepresidenta Montero (40.000), la ministra Pilar Alegría (40.000) y la titular de Ciencia, Diana Morant (15.000). También ha dirigido acciones contra el PSOE (30.000), el jefe de comunicación del partido, Ion Antolín (30.000), el diputado José Zaragoza (10.000), la portavoz Isabel Rodríguez (20.000) y, en el ámbito autonómico, contra Más Madrid (15.000), Manuela Bergerot (20.000) y Rita Maestre (15.000).
La ofensiva legal también alcanza al terreno mediático y académico, con demandas por supuesta vulneración de su honor contra periodistas y tertulianos. En este apartado se incluyen Xabier Fortes, Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón, con reclamaciones individuales de 5.000 euros cada uno, así como el politólogo y divulgador Alan Barroso, contra quien reclama 40.000 euros. Todos ellos han realizado intervenciones o publicaciones en las que se referían a la figura de González Amador en el contexto de la investigación penal que le afecta.
