La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que reconoce derechos a los herederos de Franco para ser indemnizados por los gastos ocasionados por el Pazo de Meirás desde 1975 ha generado una oposición frontal y numerosas críticas desde diferentes colectivos sociales y políticos.

Entre estos últimos cabe destacar lo que han dicho desde el Bloque Nacionalista Galego. Su diputado Luís Bará asegura que la resolución judicial tiene un “insoportable tufo franquista”, al tiempo que deja claro que Galicia “no pagará dos veces” el Pazo sino que tiene que pagar los Franco por “todo lo que robaron”.

A la hora de evaluar la sentencia, Bará considera que hace un posicionamiento “favorable y a beneficio” de la familia del dictador, al constatar que se trató de una donación a Francisco Franco y no al jefe de Estado cuando, a su juicio, “esto es falso”.

Uno de los aspectos sobre los que llama la atención el parlamentario nacionalista es que el dictamen de la Audiencia Provincial, según denuncia, habla de “buena fe” de los herederos del dictador, como el argumento que justifica para que se les abonen los gastos desde mediados de los 70 y no “desde 2018 cuando fueron declarados herederos”, como apostilla el BNG en un comunicado. Este es el motivo por el que denominan la sentencia de “franquista”, ya que para Luís Bará, precisamente ese dato de fijar el derecho a 1975 es “una interpretación favorable a los intereses de la familia Franco".

Los nacionalistas gallegos creen que todo responde a una estrategia para “legitimar y blanquear el franquismo” tras años de “expolio y rapiña continuada” a lo largo de décadas por parte del dictador y sus acólitos que prosiguió “después del año 1975 con la venta de propiedades y bienes adquiridos de manera irregular”.

En este punto, una vez más, el BNG vuelve a poner el punto de mira en los poderes del Estado que desde el citado año “favorecieron y protegieron los intereses de los Franco, comenzando por el rey Juan Carlos I”.

Asimismo, tras criticar al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y al Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo por la actitud mantenida en este asunto a lo largo de los años, Luís Bará anuncia que pedirá a la Xunta de Galicia en sede parlamentaria que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial.