Un mes. Ese es el tiempo que la justicia ha otorgado a la familia Franco para vaciar el Pazo de Meirás. Así lo ha dado a conocer hoy el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. En concreto, según se desprende del auto, el tiempo concedido es para que retirar “las cosas, bienes u objetos" que se encuentran en el interior del inmueble. Eso sí, la excepción aparece que aquellos otros que, de manera eventual, están en él por haber sido colocados por el Estado tras haber tomado posesión del mismo.
Además, la letrada de la administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al Pazo de los profesionales que designe la familia del dictador, con el objeto de que puedan dar cumplimiento a lo que se establece en su escrito.
Esta resolución da luz verde a la petición realizada por los Franco este lunes, justo después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito mobiliario a favor del Estado.
Sobre los bienes existentes, los Franco ya han adelantado su voluntad de retirarlos todos, incluidos los que tienen la consideración legal de Bienes de Interés Cultural (BIC), aunque en este caso tendrían que pedir autorización a la Xunta de Galicia.
En este sentido, hace algunos días, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reivindicó tanto las estatutas Mestre Mateo, como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán como bienes "de Galicia", añadiendo que la administración autonómica ejercerá su marco competencial con el propósito de que no abandonen la región gallega.
En relación a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.
Cabe recordar que hace poco más de una semana que se conoció la decisión adoptada por la Audiencia de A Coruña de estimar el recurso de la familia del dictador --que ahora deberá ser "indemnizada" por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación--. Esta resolución dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.
No obstante, los magistrados dejaron abierta la posibilidad de que se pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.
