Nuevo varapalo, eso sí, con fecha de caducidad, a la familia del dictador Francisco Franco. El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña acaba de hacer público un dictamen por el que suspende las actuaciones relacionadas con el Pazo de Meirás.
La medida permanecerá activa hasta el momento en que se resuelva si el mobiliario forma parte del inmueble y de las fincas que forman parte del recinto que la familia Franco debe devolver al Estado, tal y como decretó el juzgado de primera instancia en una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de A Coruña y contra la que cabe presentar recurso.
En la citada resolución se fijó que el pazo es propiedad del Estado y "no se condena a los demandados a entregar los muebles existentes en las distintas dependencias al Estado". Por ello, tal y como determinó la Audiencia Provincial, corresponde a las administraciones públicas "promover el correspondiente incidente de ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión de la sentencia que se ejecuta".
Por ello, la Administración General del Estado ha presentado un incidente de ejecución en el que demanda la "necesaria conservación del inventario" aprobado en su día por el juzgado. A este ha añadido una segunda cuestión incidental en la que solicita la "delimitación de los bienes integrantes y pertenencias" del inmueble teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte del pazo de Meirás.
Ahora será el mismo juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña el que se encargue de tramitar las tres cuestiones incidentales de forma conjunta y las resolverá al mismo tiempo.
Contra la providencia dictada hoy cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días.
