Si ha sido posible recuperar el pazo de Meirás que ‘el pueblo’ regaló al dictador Francisco Franco, ¿por qué no habría de serlo recuperar el cortijo sevillano de Gambogaz que el militar golpista y criminal de guerra Gonzalo Queipo de Llano adquirió en plena Guerra Civil aunque no con su propio dinero?
Es lo que se han preguntado los promotores de la Plataforma Gambogaz tras estudiar la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ceritifica que el pazo de Meirás es propiedad estatal y, por tanto, los herederos del dictador Francisco Franco deben desalojarlo. Gambogaz se encuentra hoy en estado de abandono.
El colectivo ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por intermediación de la Alcaldía socialista de Camas, "la formación de una comisión histórica y jurídica con capacidad para completar la documentación que permita llevar ante la Abogacía del Estado el caso de Gambogaz", reclamando además la "implicación" del Consistorio y la Diputación de Sevilla para "llegar a juzgar la propiedad del cortijo".
Un lugar de honor en la basílica
Como se sabe, los restos de Queipo de Llano reposan, pese a los crímenes de guerra cometidos por el general y plenamente acreditados por los historiadores, en un lugar preeminente de la basílica de la Macarena de Sevilla.
En 2016, el Ayuntamiento de Sevilla pidió sacar la tumba de la basílica, pero las resistencias de la Hermandad y la tibieza de la Junta de Andalucía, entonces en manos socialistas, han dificultado el cumpliminento del mandato municipal.
La plataforma memorialista sostiene que el militar golpista tramitó la adquisición de este cortijo y sus tierras en el año 1937, cuando ejercía como verdadero virrey de Andalucía. "Su Estado Mayor controlaba la administración y los instrumentos financieros de Andalucía, donde sus tropas desplegaban una inusitada violencia", recuerda el colectivo, para el que resulta obvio que Queipo "disponía de plenos poderes para ejercer prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara".
Queipo adquirió, según la plataforma, casi el 86 por ciento del total de la finca, de unas 480 hectáreas, con un dinero que "procedía del Banco de España y la justificación del auxilio de la agricultura y protección de los obreros del campo o modestos agricultores para mejorar sus medios de vida y elementos de su producción", para lo cual adquirió los terrenos "a su nombre" y después los donó a una entidad que acababa de constituir, la "Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano".
Entre 1938 y 1940, según el colectivo, Queipo de Llano se hizo con los terrenos de la finca en esas fechas que aún seguían en manos de la familia de Ignacio Vázquez, y en 1943, "la Fundación Agraria transmitió la propiedad de la finca" al propio Queipo de Llano, a partir de entonces "único propietario de Gambogazno", pese a que "no llegó a pagar ningún dinero propio por su adquisición".
¿Otra colecta popular?
Según historiadores locales, en diciembre de 1937 la ciudad de Sevilla habría entregado a Queipo de Llano unas 100.000 pesetas como agradecimiento a la salvación de la capital por la “barbarie roja”.
Testimonios orales aseguran que "a los empleados y funcionarios del Ayuntamiento y Diputación se les detrajo un día de su haber para completar la ofrenda a Queipo". En el caso del pazo de Meirás, la familia Franco siempre sostuvo que la finca fue un regalo al dictador a través de una colecta popular. La justicia ha desmontado ese mito.
El entonces alcalde de Sevilla Ramón de Carranza, nombrado por el propio Queipo, habría donado esta cantidad al general franquista, que pudo utilizar parte del dinero para la compra del cortijo. En la actualidad, o al menos hasta no hace mucho tiempo, se encuentra prácticamente abandonado.
Mil fanegas para los obreros
Tras su adquisición, Queipo de Llano declararía en el diario ABC, el 9 de diciembre de 1937, que Gambogaz con una extensión de “mil fanegas de tierra, no se ha reservado para que yo viva de su renta, sino para obrar en él la reforma agraria, sirviendo de base a la labor futura del Gobierno”.
Queipo ideó un patronato para gestionar sus planes para el cortijo, del que formarían parte el gobernador civil, el alcalde, el presidente de la Diputación y el auditor de Guerra.
El objetivo sería “repartir la producción entre aquellos obreros que más se hayan distinguido en el trabajo o que más hayan sufrido por la patria”. Se les entregaría “casa, yuntas, aperos de labranza para cultivar las tierras”, dando gratificaciones a los “que tienen muchos hijos”. Al parecer, aquellos nobles propósitos nunca acabarían de llevarse realmente a término.
