El problema de la vivienda en España, más aún con la proliferación de aquella destinada a uso turístico, se ha convertido en los últimos tiempos en la primera preocupación de la ciudadanía. En este punto, la gestión de las Administraciones competentes, tanto la estatal, como autonómica o municipal juega un papel crucial. Es el caso de Madrid, una de las zonas más tensionadas del país por sus altos precios, la que más vive una confrontación verbal y a golpe de medidas dispares entre el Ministerio de Consumo y el Ayuntamiento de Cibeles.
El departamento de Pablo Bustinduy, desde el Gobierno central, lleva meses detectando e impulsando medidas para frenar la proliferación de anuncios y ofertas de viviendas vacacionales en zonas tensionadas en todo el país en aras de descongestionar el mercado de la vivienda para los residentes, que permanezca el espíritu de los barrios y tratar de rebajar los precios que aún están por las nubes.
En paralelo a la acción estatal para oxigenar la problemática de la vivienda en toda España, lo cierto es que la confrontación entre un modelo de gestión y otro ha estado servida en los últimos meses en Madrid, donde el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha venido tachando las declaraciones y medidas adoptadas por Consumo para paliar este escenario.
Cronología de un choque entre Consumo y Cibeles
La disputa política comenzó en marzo, cuando Consumo destapó a través de un informe que eran más de 15.000 las viviendas turísticas ilegales -16.335 en total, tan sólo 1.131 con licencias- que se ofertaban en plataformas online en la capital, una realidad que afectaba directamente al acceso a la vivienda y ha ido declinando en la expulsión de vecinos de barrios clave. Por ello, el Ministerio instó a retirar estos anuncios ilegales y abrir expedientes sancionadores.
Sin embargo, y en vez de cumplir las directrices estatales, en este punto comenzó el cruce de acusaciones y reproches entre Administraciones, debido a que el alcalde tachó esta resolución de “deslealtad institucional”.
Así las cosas, la confrontación se extendió en los meses próximos hasta la fecha actual. En abril, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se sumó a Consumo para reiterar que en Madrid “el 93% de las viviendas turísticas son ilegales”, siendo únicamente el 7% restante las que se oferta dentro de los parámetros legales en la capital. “Es ahí donde las administraciones públicas tenemos que actuar también con contundencia para impedir la especulación. (…) Más viviendas y menos Airbnb, mucho menos si son ilegales”, defendió entonces la titular Isabel Rodríguez.
Debido a que la situación no ha llegado a un horizonte de resolución a medio plazo, a finales del pasado mes de junio, Consumo entregó los datos a Cibeles de 3.565 viviendas vacaciones para proceder a su inspección e, incluso, su cierre.
Con estas medidas de por medio e incluso dirigiéndose por carta a Cibeles para mediar conjuntamente en la situación, Bustinduy da evidencias de que los alojamientos señalados se encuentran incumpliendo la normativa urbanística de la ciudad y, en consecuencia, debería ser el equipo municipal de Almeida el que proceda en aras de su inspección y cierre. El Ayuntamiento de Madrid, considera el ministro, no puede mirar para otro lado en cuanto a cada uno de estos pisos turísticos ilegales lo acompaña un anuncio de las distintas plataformas dedicadas a su alquiler, por lo que se demuestra que actualmente se encuentran operativos.
Consumo efectúa resultados con Airbnb y Booking
Bajo el mismo telón de fondo, ya no sólo desde el plano de Madrid sino en vista de todo el territorio nacional con especial atención a las zonas tensionadas y aquellas donde se recibe más flujo turístico, Consumo ha ido obrando situando el foco en las plataformas online como Airbnb o Booking para instarles a retirar los anuncios de aquellas viviendas turísticas que operan ilegalmente en este mercado.
Sin ir más lejos, este miércoles la cartera de Bustinduy, después de bloquear el pasado mes mayo más de 65.000 “anuncios ilegales” en Airbnb que contravenían la normativa sobre publicidad y dañaban el tejido habitacional y económico de las zonas, la empresa ha terminado retirándoles. Para mayor ahínco, también detectó, a través de la Unidad de Análisis de Consumo, otros 54.728 anuncios que incurren en fraude de ley.
Cabe recordar que la multinacional llegó a recurrir esta medida ante la justicia en reiteradas ocasiones, pero la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en contra de sus medidas cautelares e instó a acatar las órdenes de Consumo con la retirada de 5.800 anuncios ilegales que se encontraban en Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y País Vasco. “Con esta acción”, trasladaron desde el Ministerio, Bustinduy “ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.
Misma situación la que percibió Booking, otra conocida plataforma a la que Consumo instó a eliminar más de 4.000 mismos anuncios de dichas características que excedían de los márgenes legales, la mayoría de ellos se situaban en las Islas Canarias.
Así las cosas, desde Consumo reiteraron los aspectos que estas compañías han venido incumpliendo en su amplia gama de ofertas de viviendas vacacionales:
- “Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro”, un requisito que es “obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad” analizada.
- Incorporan “números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades”, lo que conlleva una práctica que “puede inducir a error o engaño a las personas consumidoras”.
- “No indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no indican si son profesionales o particulares”, una cuestión primordial para aclarar si la persona que contrata el servicio de alojamiento está “protegida o no como consumidor”.
