Ha sido prácticamente en el tiempo de descuento, en el último Consejo de Ministros del curso político que ya sella su broche final, cuando los dos pilares del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han dado un paso al frente firmando el acuerdo que permite ampliar los permisos de paternidad retribuidos, después de que el incumplimiento de la Directiva Europea desde agosto de 2024 haya supuesto una multa de 10 millones de euros. Si bien es cierto, la aprobación retroactiva a un año vista eximirá al país de esta sanción.
Con la firma del acuerdo se da un paso más en una lucha por los permisos tanto de los padres como de las madres al cuidado de un recién nacido. Ya en 2019 el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley de los permisos de paternidad con igualdad de trato y oportunidad para mujeres y hombres ampliándolo a ocho semanas, que pasaron a ser 16 en 2021, igualándose con el permiso de maternidad. Con el nuevo acuerdo firmado este martes, se prolonga hasta las 17 semanas, aunque los trabajadores tendrán derecho a otras 2 semanas de cuidados retribuidas al 100% que podrán disfrutar, en el momento que elijan, antes de que el menor cumpla los ocho años.
Sin embargo, el avance no ha resultado de buen agrado en las filas populares, que, pese a tener miembros de la formación disfrutando de las ventajas de este derecho, han calificado la medida como “fraude”. Ester Muñoz, recientemente elegida portavoz del PP en el Congreso, ha defendido en rueda de prensa que la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad es “otro fraude de Sánchez”. En su declaración, Muñoz ha sostenido que el avance acordado por el Ejecutivo es realmente una norma para cumplir la directiva europea “que llevamos incumpliendo meses” y que ha supuesto una multa para España.
En esta línea, la portavoz popular en la Cámara Baja ha guardado silencio sobre el voto que otorgará su formación al decreto, si será a favor o en contra, pero ha deslizado detalles sobre lo que podría pasar: “A lo mejor nos lo trufan con otras cuestiones que no tienen nada que ver como habitúa este gobierno y tenemos que votar en contra”. Asimismo, ha querido referirse a la ley de conciliación y familias que el PP propuso sobre la que ha señalado que “está paralizada” y “está mucho más avanzada” que el decreto del Gobierno.
Sin embargo, esta posición contraria del PP al acuerdo firmado este martes que permite ampliar el tiempo de los permisos de paternidad y maternidad encuentra visibles discordancias con la realidad que impera en el órgano interno de sus filas. El pasado 3 de julio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se convertía en padre por primera vez con su esposa, Teresa Urquijo. Desde entonces, el regidor se acogió al permiso de paternidad que ahora califican de “fraude”, dando un paso al lado de manera temporal en la alcaldía y cediendo su cargo en Cibeles a la vicealcaldesa Inma Sanz.
Pero la incoherencia de la postura de los populares no se limita únicamente a esto último. En 2019, cuando el Gobierno de Sánchez convalidó el decreto ley, el Partido Popular fue el único partido que votó en contra de la medida. Entonces, el texto que salió aprobado establecía que la extensión del permiso se haría de manera progresiva. Así, de las iniciales ocho semanas, pasaron a ser 16 semanas en 2021, igualándose con el permiso de maternidad. A su vez, la normativa también incluyó la obligación de preparar planes de igualdad a las empresas que superen los 50 empleados en plantilla, a tomar medidas de transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las mujeres que cuidan de familiares dependientes, entre otras condiciones de corte laboral.
En líneas similares, cabe recordar que el PP llevó a los tribunales la ley del permiso de paternidad, siendo finalmente una causa perdida. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de los de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, la sentencia mantuvo que el Gobierno actuó “de forma suficiente” ante la situación de urgencia y necesidad que justificó la tramitación de la norma. A su vez, aludió a “razones de peso” por los “resultados discretos” de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de 2007.
