El Partido Popular ha cruzado una línea delicada en su ofensiva contra el Gobierno. En apenas una semana, varios de sus dirigentes han anticipado públicamente actuaciones judiciales aún no ejecutadas, apuntando a futuras detenciones y nuevas investigaciones que afectarían al entorno del PSOE. Un adelanto de movimientos que, lejos de explicarse por la intuición política, abre una pregunta incómoda: ¿de dónde obtiene el PP esa información?
La escena más explícita se produjo este lunes, cuando la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, fue más allá de la crítica política habitual y se adentró en el terreno de la anticipación judicial. “Cuando finalice esta semana habrá nuevos casos, nuevos detenidos, nuevos investigados. No sabemos quiénes serán. Pero sí sabemos que estarán vinculados al PSOE y que formarán parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez”, aseguró, dando por hechos unos movimientos policiales y judiciales que, en ese momento, no habían sido comunicados oficialmente.
Las palabras no pasaron desapercibidas en el Gobierno. Óscar Puente reaccionó con dureza y sin rodeos: “Es que no se cortan ni un pelo. La ansiedad es tan grande que son incapaces de guardar, siquiera, unas mínimas formas”. El mensaje del ministro no solo señalaba la voracidad política del PP, sino algo más profundo: la sensación de que la dirección popular maneja información que no debería tener.
Es que no se cortan ni un pelo. La ansiedad es tan grande que son incapaces de guardar, siquiera, unas mínimas formas. https://t.co/KT1KchigAb
— Óscar Puente (@oscar_puente_) December 15, 2025
Un aviso previo en el Senado… y la realidad confirmándolo
Lo ocurrido esta semana no es un hecho aislado. Días antes, durante una sesión de control en el Senado, el senador del PP Luis Santamaría protagonizó un choque directo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde la tribuna, Santamaría lanzó una advertencia cargada de intención: animó al ministro a “cesar a compañeros socialistas cuando en las próximas semanas se conozcan determinadas informaciones”.
En aquel momento, el comentario sonó a provocación política. Sin embargo, pocos días después, la UCO llevó a cabo entradas en distintas sedes y se activaron actuaciones judiciales que coincidían temporalmente con las insinuaciones del senador popular. La secuencia —aviso político primero, actuación policial después— reforzó la idea de que el PP no estaba hablando a ciegas.
Bolaños no dejó pasar el episodio y elevó el tono hasta un punto poco habitual en sede parlamentaria. “¿Quién le pasa la información al PP, me lo puede decir usted?”, preguntó directamente. Y fue más allá: “¿Tiene el PP alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales? ¿Por parte de la UCO, por parte de la Fiscalía, por parte de la judicatura, por parte de la Policía Nacional? (…) ¿Se está beneficiando el PP de algún delito de revelación de secretos?”.
La pregunta clave ya no es qué, sino quién y cuándo
El PP se ampara en la existencia de investigaciones reales y causas abiertas que afectan a personas vinculadas al PSOE para justificar su discurso. Y es cierto que hay procedimientos judiciales en marcha, algunos de ellos con derivadas relevantes. Pero el debate ya no está tanto en qué se investiga, sino en quién sabe qué y cuándo.
Porque una cosa es reaccionar a una operación policial conocida, y otra muy distinta anticiparla públicamente, con una seguridad que sugiere acceso previo a información reservada. Ahí es donde el foco se desplaza del PSOE al propio PP y a su forma de hacer oposición.
En privado, dirigentes socialistas hablan abiertamente de “guerra sucia”. No tanto por la crítica política —legítima— como por el uso de la justicia como ariete, combinado con filtraciones que permitirían al PP marcar el ritmo del desgaste, situándose siempre un paso por delante del calendario judicial.
La hipótesis que se desliza desde el Gobierno es tan inquietante como delicada: si el PP está recibiendo información de la UCO, de jueces, de fiscales o de cuerpos policiales, el problema trasciende la confrontación partidista. Lo que se pone en duda es la neutralidad del Estado y la separación de poderes.
No se trata solo de una posible ventaja política ilegítima. Se trata de la confianza en que las investigaciones judiciales no están siendo utilizadas, filtradas o instrumentalizadas con fines partidistas. Si esa frontera se diluye, el daño no es para un Gobierno concreto, sino para el sistema democrático en su conjunto.
La gravedad del asunto explica el tono inusualmente duro de Bolaños en el Senado y el malestar creciente en el Ejecutivo. También explica que, por primera vez, se verbalice en sede parlamentaria la posibilidad de un delito de revelación de secretos beneficiando a un partido político.
