En las últimas semanas, el sistema judicial español se ha convertido en el epicentro de un terremoto político-judicial que amenaza con reconfigurar el equilibrio entre los poderes del Estado. Las dudas sobre la imparcialidad de algunos procesos, la filtración de información bajo secreto de sumario y la percepción creciente de una estrategia de acoso judicial —lo que muchos definen ya abiertamente como lawfare— han puesto en entredicho la salud democrática del sistema.
La tormenta comenzó a agitarse públicamente con una predicción de alto voltaje político. El pasado 20 de mayo, Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, lanzó en una entrevista en Toro TV un anuncio que, visto en perspectiva, parecía más un aviso que una conjetura: “Os puedo adelantar que seguramente, si no es esta semana, a más tardar la semana que viene habrá un auto de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado”. Y remató: “Sabía que iba a caer”.
El vaticinio se cumplió con una precisión que ha hecho saltar las alarmas. El lunes 9 de junio, el juez Ángel Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, dictó un auto de transformación en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber difundido un correo electrónico con información confidencial relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La cuestión ya no es solo jurídica: el momento elegido, la filtración previa y la estructura que rodea la causa han convertido este caso en un polvorín político.
Una estrategia que apunta al corazón de la Moncloa
Lejos de ser un episodio aislado, el procesamiento del fiscal general se inserta en una ofensiva jurídica más amplia en la que Manos Limpias ha jugado un papel protagonista. La organización liderada por Bernard no solo actúa como acusación popular en esta causa, sino que ha desplegado un arsenal de querellas dirigidas contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Desde hace meses, ha presentado denuncias contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y contra su hermano, David Sánchez, basándose en informaciones aparecidas en medios de comunicación y artículos de opinión.
Lo más llamativo es que el abogado que representa a Manos Limpias en esta ofensiva judicial, Víctor Soriano i Piqueras, fue contratado a través de la Mesa del Senado por el Grupo Popular con un salario anual cercano a los 57.000 euros. Su incorporación se hizo efectiva en enero de 2024, tal como recogió el Boletín Oficial del Estado. Soriano, con un pasado litigante contra el expresident valenciano Ximo Puig, ahora está plenamente integrado en una causa con profundas derivadas políticas.
La actividad de Bernard se ha concentrado especialmente en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde ha presentado querellas en cascada contra el Gobierno y figuras afines. No obstante, los jueces del alto tribunal han ido rechazando sistemáticamente estas acciones, señalando que muchas de ellas se fundamentan en meros “recortes de prensa” y “conjeturas sin base jurídica”. Incluso han llegado a reprochar a Manos Limpias intentos de coacción institucional: algunas de sus acciones advertían a los jueces de que podrían ser acusados de prevaricación si no tomaban en cuenta sus denuncias.
Hasta el propio Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo —y no precisamente identificado con posiciones cercanas al Gobierno— ha criticado de forma velada este tipo de estrategias judiciales en su último libro. Sin mencionar a Manos Limpias directamente, denuncia un uso abusivo del derecho penal para influir en la vida política del país.
Cerdán, filtraciones y sumarios en manos de la prensa
En paralelo al cerco sobre el fiscal general, otro frente se abría desde las tripas del caso Koldo. El 5 de junio, la Guardia Civil remitió al Supremo un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), en el que se vincula al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con posibles comisiones relacionadas con adjudicaciones públicas durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El informe ha servido de base para que el juez instructor ofreciera a Cerdán la posibilidad de declarar de forma voluntaria.
Pero lo que más ha indignado al PSOE no es solo el contenido del informe, sino su anticipada exposición pública. Diversos medios de comunicación de línea conservadora llevaban semanas publicando fragmentos del informe, incluidas grabaciones y transcripciones de conversaciones, a pesar de que el documento estaba, formalmente, bajo secreto de sumario hasta este jueves 12 de junio. Desde el entorno de Ferraz acusan directamente a sectores de la judicatura y a medios afines a la derecha de formar parte de una operación de desgaste mediático planificada, basada en filtraciones selectivas que violan la legalidad procesal.
El aviso de Garzón y la sombra del lawfare
En este contexto de polarización institucional, ha reaparecido una figura clave del universo judicial español: Baltasar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional, que en su día instruyó causas tan controvertidas como el caso Gürtel o los crímenes del franquismo, ha advertido que la operación contra García Ortiz podría ser solo la antesala de un movimiento más ambicioso: una causa penal dirigida directamente contra el presidente Pedro Sánchez.
Para Garzón, lo que está ocurriendo en los tribunales responde a una lógica de lawfare: el uso del sistema judicial con fines políticos, un fenómeno que ha sido denunciado también en América Latina y Estados Unidos. “Cuando la justicia huele a pólvora, casi siempre hay fuego político detrás”, sentenció recientemente. Y añadió que “la instrucción de Hurtado apunta a culminar en una denuncia contra el presidente”.
