Este lunes, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dictaba sentencia en el caso que investiga presuntos delitos de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En el auto de transformación de las diligencias previas, el juez del Tribunal Supremo ha acordado el procesamiento de García Ortiz al considerar que fue él quien filtró a los medios de comunicación el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
Según se desprende del auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el magistrado del Alto Tribunal señala que, a su juicio, cabe presumir como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
Un procesamiento que ha generado la reacción en masa del Gobierno central que no ha dudado en mostrar su férrea defensa al fiscal general. Así, entre los primeros en pronunciarse, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha sido el más contundente en su valoración y ha señalado a la derecha política y judicial. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo”, se ha referido a la relación de intereses que mantienen el presidente del Partido Popular (PP) y parte de la judicatura. “El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, ha ahondado a través de sus redes sociales.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado que el Ejecutivo mantiene su “confianza” en García Ortiz. Asimismo, se ha apoyado en los “pasos” que ahora tendrá que dar la Justicia, apuntando en una entrevista concedida al programa Mañaneros, de TVE, a la “presunción de inocencia” y a las personas que han sido “exoneradas” después de acabar en un juicio oral. De idéntica manera, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, considera que el juez del Supremo estaría prevaricando al descartar los testimonios favorables a García Ortiz y, por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, también ha defendido las actuaciones del fiscal general. "Este Gobierno mantiene su total confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía por el magnífico trabajo que realizan persiguiendo el delito, y aprovecho para negar rotunda y categóricamente que hubiera instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado".
Ángel Hurtado, 70 años en la judicatura
Como han informado Los Genoveses en ElPlural.com, el juez que ha procesado al fiscal general es un veterano de la judicatura que el pasado mes de octubre cumplía 70 años y desde hace varios meses sus compañeros del CGPJ han autorizado su permanencia en el servicio activo hasta que cumpla los 72 años. Ósease, continuará en la Sala II del Tribunal Supremo hasta el 22 de junio 2026.
La trayectoria de Ángel Hurtado en la carrera judicial, desde que a los 29 años ingresó en la carrera judicial en un modesto puesto de entrada, ha estado marcada por sus años 13 años en la Audiencia Nacional, por algunas de sus sentencias y votos particulares y por su llegada en un segundo intento a la Sala II. En sus primeros pasos en la justicia, Hurtado estuvo acompañado de figuras determinantes para la derecha judicial. Por ejemplo, Juan Ignacio Zoido Álvarez, con el tiempo Ministro del Interior del Gobierno de Rajoy y en la actualidad, eurodiputado; Concepción Espejel Jorquera, en su día recusada en el Caso Gürtel gracias a sus vinculaciones de todo tipo con el PP y hoy magistrada del Tribunal Constitucional; José Luis Requero Ibáñez, miembro del Opus Dei, magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo y columnista de La Razón; y finalmente Ismael Moreno Chamarro, el juez más veterano de la Audiencia Nacional y desde hace décadas en propiedad del Juzgado Central de Instrucción nº 2 que, entre otros casos, investiga el denominado Caso Koldo.
Sus primeros destinos pasan desapercibidos hasta que en el 2006 entra en la Audiencia Nacional en sustitución del progresista José Ricardo Juan de Prada Solaesa. Con el tiempo el titular volvió y Hurtado también se quedó. Allí ha estado destinado en la Sala de lo Penal y sus últimos dos años, hasta entrar en el Tribunal Supremo, en la Sala de Apelaciones.
Sentencias y votos que llevan su firma
Caso Gürtel. PS 1ª Época 1999-2005. Tras varias recusaciones de otros candidatos, acabó presidiendo el tribunal que juzgó la primera macro causa sobre corrupción generalizada por parte del PP. De entrada, se quedó solo firmando un voto particular para que no declarará M. Rajoy. Después, en el transcurso del juicio, se hizo popular por sus constantes interrupciones y llamadas al orden a las acusaciones populares. Y de salida firmó otro voto particular contra la propia sentencia condenatoria por entender que sus colegas de tribunal se habían excedido en sus conclusiones por las que, entre otras cosas, acabaron condenando como participe a título lucrativo al propio PP y la ex Ministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato.
Insultos a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Victimas del 11M. En la sentencia, de la que fue Ponente Hurtado, quedó absuelto Luis Gutiérrez García, militante del PP de Majadahonda: "La Sala considera necesario contextualizar esta frase con el resto de los mensajes que se hacen constar en el propio escrito de querella en los que se evidencia una fuerte crítica a la querellante ella misma no por su condición de familiar de víctima del terrorismo sino estrictamente por su actividad pública".
Responsables del asesinato de José Couso. El tribunal consideró que el asesinato de José Couso en Irak no puede ser achacable a las fuerzas norteamericanas. En todo caso sostienen que tampoco hay que descartar que fuera un francotirador no identificado. Dicho esto y “vistos los artículos citados y demás de aplicación, la Sala acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal en la presente causa, contra el auto de 21 de mayo de 2009, en que se declaran procesados al sargento Thomas Gibson, el Capitán Philip Wolford y el Teniente Coronel Philip de Camp cuyos procesamientos se dejan sin efecto, así como las medidas cautelares que contra los mismos hubieran sido adoptadas, debiendo el Instructor acordar la inmediata conclusión del sumario”.
Recusación contra el juez Enrique López López. Sin considerar la acreditada y manifiesta amistad entre ambos el caso es que Hurtado firmó un voto particular junto a otros 3 magistrados a favor de que López no fuera recusado por sus vinculaciones con el PP. Así por ejemplo llegan a decir que “consideramos, también, que no debemos dejar de hacer mención a la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación, así como a la articulada contra la lima. Sra. Presidenta de la Sección Segunda (Espejel Jorquera) con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de auténticos juicios paralelos, informados, no siempre, con el rigor jurídico que hubiera sido de desear”.
Caso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y por último, su salto de nuevo a la actualidad le viene por un caso que por riguroso ”turno de reparto” le ha llevado a ser Ponente de la causa especial 20557/24 abierta por la Sala II del Tribunal Supremo para poner en claro una filtración que según el auto de apertura tiene que investigarse para que “en concreto, (se averigüe) cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”.
