El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado en un nuevo auto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta relevación de secretos en el marco de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso como investigado en el plano judicial. Una novedad judicial que ha movilizado al foco político y mediático a su alrededor; sin embargo, los claroscuros en esta decisión han traído consigo reacciones desde el ámbito de los tribunales, siendo una de las más compartidas la esgrimida por el magistrado Joaquim Bosch.
En una entrevista este lunes por la mañana en el programa 'Al Rojo Vivo', ha dado cuenta de las dudas jurídicas que le suscita la decisión adoptada por el magistrado del Alto Tribunal. “Es un hecho sin precedentes con semejantes repercusiones institucionales. Es lógico exigir que esto, si ocurre, haya elementos indiciarios muy claros e indiscutibles para llevar a un fiscal general del Estado al banquillo. No se le puede llevar con sospechas, hipótesis o conjeturas", ha comenzado señalando.
Bosch ha proseguido diciendo que esta causa acontece en un momento de "contexto institucional": "Llevar al banquillo al fiscal general sin un sustento probatorio puede leerse en el marco de este contexto", ha subrayado, a la par que ha señalado que el auto del magistrado Hurtado "tiene elementos cuestionables" en términos jurídicos.
En primer lugar, ante este último apunte, el magistrado entrevistado en el programa de laSexta ha señalado que los hechos punibles "empiezan con una frase que dice que el fiscal general se activó por indicaciones de la Presidencia del Gobierno. Esto me parece muy grave si fuera cierto, y además está en una parte esencial del auto, es lo primero que se lee". Un apunte al que, a su vez, añade que a lo largo de la exposición del auto "no hay ninguna explicación de cómo se indicó la Presidencia del Gobierno", sino que tan sólo "se reprocha algo muy fuerte, pero luego, no se explica cómo se llega a esa condición, y la motivación es absolutamente fundamental", ha reiterado.
Como segunda clave de esta explicación, Bosch señala que "no hay elementos indiciarios de entidad que digan cómo envió estos correos el fiscal general. (...) Hay una serie de sospechas que se basan en que el fiscal general sí que se activó, dice reiteradamente el auto, para emitir una nota de prensa, pero la clave no es esa, es si el fiscal general envió o no esos correos", ha proseguido apuntando.
En reiteración de todo lo expuesto, el magistrado ha ahondado en que los hechos indiciarios apuntados por el juez Hurtado contra García Ortiz "no son de entidad suficiente, ni siquiera reúnen la categoría de indicios sólidos, no deberían llevarse a juicio, ni mucho menos fundamentar una sentencia condenatoria", ha alegado. "Tiene que haber pruebas claras, si el fiscal general tuviera un correo electrónico o un whatssapp en el que envía estos datos a un periodista, yo sería el primero que diría que dimitiera enseguida. Pero con esto, me parece, francamente, discutible", ha concluido en declaraciones al programa de televisión.
No obstante, esta no ha sido la única valoración ofrecida por el jurista quien, a su vez, en una entrevista con el programa radiofónico ‘Hora 14’ de Cadena Ser, ha valorado si la decisión que debe tomar el fiscal debe ir por la vía de la dimisión o, al contrario, por mantenerse firme en el cargo: “Jurídicamente puede seguir, no hay ninguna norma que diga que debe dimitir porque se trata de una decisión personal. Tampoco que pueda ser suspendido de funciones o apartado”, reiterando que ésta es una decisión de corte profesional.
El fiscal general del Estado, procesado
Este lunes, ha trascendido la decisión del juez Hurtado del Supremo quien, a través de un nuevo auto, ha dictado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos.
El magistrado del Alto Tribunal considera que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales del investigado, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de confidencialidad. Así las cosas, el juez ha dado traslado a lo actuado a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que dentro de diez días soliciten la apertura de juicio oral.
