Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa por la supuesta filtración de los correos en los que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, confiesa la comisión de dos delitos fiscales, ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin más prueba que conjeturas y suposiciones. Todo ello, además, pese a contar con varios testimonios de periodistas implicados que han testificado y facilitado pruebas que demuestran que no recibieron del fiscal la información que desmontaba el bulo fabricado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, y publicado por El Mundo.
La Comunidad de Madrid se implicó en la defensa de la pareja de la presidenta autonómica y no dudó en difundir una información falsa, referida a que era la Fiscalía quien había ofrecido un trato al defraudador confeso, a un medio cercano, que la publicó. La veracidad duró escasas horas y la maquinaria del entorno de Ayuso comenzó una campaña para atacar al fiscal general por desmentir un bulo. No obstante, el juez no ha encontrado ninguna prueba contra el fiscal y ha ignorado los testimonios que no le interesaban en su cometido.
Por ese motivo, García Ortiz ya ha advertido que no va a dimitir. Desde asociaciones de fiscales se echan las manos a la cabeza por el auto del juez, que no solo señala al fiscal general y a la fiscal de Madrid, sino que también asegura que la presunta filtración respondió a “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” sin aportar ningún tipo de prueba. El Gobierno se muestra ahora perplejo ante las actuaciones del juez que intentó desvincular al Partido Popular (PP) de la Gürtel y se opuso a que Mariano Rajoy testificara en este caso.
El Gobierno muestra firme apoyo
El principal ministro señalado, Félix Bolaños, ha asegurado que el fiscal general sigue contando con la total confianza del Gobierno y “en ningún caso” se pedirá su dimisión. Además, como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha negado “rotunda y categóricamente” que Presidencia se encuentre detrás de la filtración, algo que Hurtado ha decidido plasmar en su auto sin aportar ninguna prueba. Es habitual que "delincuentes presuntos" que se ven sometidas a procesos penales "arremetan contra los fiscales", se ha referido a los movimientos del novio de Ayuso y sus satélites de derechas en los medios de comunicación y la judicatura.
No obstante, Bolaños ha dejado claro que, “desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito". Algo más duro, Óscar Puente señalaba directamente a este polémico juez, ya conocido por la protección al PP en causas de corrupción. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, ha apuntado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Otro de los ministros que se ha pronunciado es Ángel Víctor Torres, que ha pedido respeto a la “presunción de inocencia” del fiscal, más en estos casos en los que, posteriormente, muchos de los encausados son “exonerados”. Asimismo, ha recordado al juez, por su señalamiento a Presidencia, que "cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay". "Al final, la verdad relucirá", ha zanjado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Los socios ya han sufrido estas prácticas
Personalidades políticas de otras formaciones, conocedores y víctimas de prácticas judiciales y operaciones policiales ilegales, se han mostrado menos sorprendidos que los ministros socialistas, pero han mostrado su apoyo al fiscal. Hay "sectores golpistas tomando estas decisiones absolutamente antidemocráticas" en la judicatura, ha valorado directamente la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, afectada por lawfare judicial.
Para Montero, que en España "puedan sentar en el banquillo al fiscal general responde a que en este país hay golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones y para mandar aunque no gobiernen", citando a los sectores reaccionarios "atrincherados" en el Poder Judicial. Más allá, ha recriminado al PSOE y el Gobierno haber sido “irresponsables” por haber pactado los jueces con el PP y no haber actuado hasta que este tipo de prácticas han afectado a Ferraz.
En la misma dirección ha apuntado el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que considera que esto es un “ataque desmesurado y desproporcionado” enmarcado en una “guerra jurídica” con la que “acabar y destrozar la democracia”. "Lo peor de esto es que el fiscal general del Estado es atacado y la institución es cuestionada por hacer su trabajo, que es perseguir la delincuencia común, en este caso por perseguir a una persona, González Amador, que otro tribunal ha sentado y ha llevado al banquillo por un importante fraude fiscal. No es una minucia defraudar más de 350.000 euros en cuota en impuestos", ha zanjado.
Por último, el socio minoritario del Ejecutivo también ha querido posicionarse del lado el fiscal. "Se manda así un mensaje muy peligroso si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha, por la verdad, frente a los bulos. Da un mensaje de impunidad en última instancia a quien vive de mentir y de degradar nuestras instituciones", ha trasladado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. “Que el dedo no nos impida ver la luna, lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Ayuso”, ha zanjado.
