El tiempo de las diligencias previas en el caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha terminado. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, propone ahora juzgar a ambos por un delito de revelación de secretos al considerar que existen indicios suficientes y el Gobierno ha salido a defender la figura del máximo representante del Ministerio Fiscal.
Pese a que los periodistas testigos de la causa han declarado que conocían la información relativa a la confesión de Ayuso antes de que el propio fiscal tuviese acceso al correo y de que fuese el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que difundiese bulos relativos al caso a través de sus medios afines; Hurtado no ha dudado en acelerar el proceso y transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, tal y como le reclamo el propio González Amador hace menos de una semana a través de un escrito de 68 páginas.
El primer representante del Gobierno en pronunciarse ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha sido el más contundente en su valoración y ha señalado a la derecha política y judicial. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo”, se ha referido a la relación de intereses que mantienen el presidente del Partido Popular (PP) y parte de la judicatura. “El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, ha ahondado a través de sus redes sociales.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido algo más comedido en sus palabras y ha garantizado que el Ejecutivo mantiene su “confianza” en García Ortiz. Asimismo, se ha apoyado en los “pasos” que ahora tendrá que dar la Justicia, apuntando en una entrevista concedida al programa Mañaneros, de TVE, a la “presunción de inocencia” y a las personas que han sido “exoneradas” después de acabar en un juicio oral.
El juez ataca al Gobierno
La publicación del correo, de forma íntegra por ElPlural.com, deja en evidencia que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía los delitos en busca de un pacto, algo que además ha ratificado el propio letrado, obligado a desmentir el discurso del novio de Ayuso al ser señalado como culpable. No obstante, y pese a que no existe una prueba contundente con la que señalar al fiscal, este ha sido procesado y el juez ha señalado al Ministerio de Presidencia como impulsor de la supuesta filtración.
“A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales", "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto", recoge el auto de Hurtado.
Esto, además, asegura que se produjo "con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal". Torres ha negado la mayor, asegurando que el Gobierno no dio órdenes de filtrar ningún correo a nadie y ha advertido de que cuando se hace una acusación de este tipo deben aportarse pruebas que a su juicio no hay. "Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay", ha indicado.
El proceder de Hurtado es una de los argumentos esgrimidos desde el Gobierno para justificar la no dimisión del fiscal. En esa línea, el ministro de Memoria Democrática ha recordado que no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora y "en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado". Por tanto considera que esta presunción de inocencia "hay que mantenerla hasta el final".
En esta misma línea, Torres ha sostenido que conoce "muchísimos casos" de compañeros del PSOE y de otros partidos que han pasado por procesos judiciales y finalmente las causas han quedado "en nada", deslizando las prácticas judiciales y el lawfare que se ha realizado desde parte de la judicatura contra la izquierda política. "Va a salir a relucir toda la verdad" en la nueva fase del proceso judicial que empieza ahora, ha insistido el ministro. Por último, ha recordado que todo comienza cuando aparece publicada "una información que no es verdadera".
