Las acciones y amenazas de Miguel Ángel Rodríguez (MAR) vuelven a la Asamblea. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tendrán que decidir si los consejeros de Isabel Díaz Ayuso o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid tienen que responder por las acciones de su jefe de prensa.
El órgano jurídico decidirá a partir de un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Socialista, que considera que la Mesa de la Cámara vulneró los derechos fundamentales de su diputada Marta Bernardo al inadmitir cinco preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno.
Algunas de estas cuestiones (dos concretamente) hacían referencia de forma explícita a los mensajes que MAR envió a la periodista de elDiario.es, Esther Palomera, diciendo al periódico mencionado que les va a “triturar” y que “van a tener que cerrar”. Entretanto, hay otras dos cuestiones que no mencionaban los insultos ni este tipo de exabruptos, pero sí citaban a la mano derecha de la lideresa regional. La última pregunta, por su parte, directamente adquiría una tónica general.
El grupo socialista lamenta que la Mesa, dirigida por Enrique Ossorio, tiró abajo las cinco preguntas indicando que “en los términos que está formulada” no se refiere su objeto “a una acción de control del Gobierno”. Se trata de una decisión que solamente apoyaron cuatro de los siete miembros que forman la Mesa, todos ellos pertenecientes al PP.
Después de la decisión, los socialistas pidieron nuevamente reconsiderar la decisión y, si bien volvieron a no tener éxito, ahora sí que la explicación fue más detallada: “Las preguntas objeto de reconsideración hacen referencia al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad. Sin embargo, se trata de un órgano de asistencia y con funciones de asesoramiento, no ejecutivas (…), por lo que no puede ser objeto de las citadas iniciativas”.
Fue con esto que el Tribunal de Garantías confirmó que el tema “tiene trascendencia constitucional”, tal y como defiende el recurso de amparo de la diputada. El recurso de amparo de la diputada indica que “reviste especial interés dilucidar si los titulares de los órganos de asistencia y asesoramiento de la Presidencia de una comunidad autónoma pueden ser objeto de control parlamentario en cuanto contribuyen a la acción del Gobierno de esa Comunidad Autónoma o si los superiores jerárquicos de los mismos (presidentes y consejeros) generan responsabilidad política por el comportamiento externo de tales titulares”. “Lo contrario supondría configurar áreas opacas, carentes de control parlamentario”, emplaza la diputada socialista.
Lo cierto es que no hay grupo parlamentario que esté de acuerdo con la actitud que Enrique Ossorio adopta en la Asamblea de Madrid, ni siquiera Vox, que también ha pedido el amparo de los magistrados después de que el que fuera consejero de Educación no les permitiera tramitar su voto particular en la llamada Comisión Begoña.
Más Madrid, por su parte, anunció que pediría el amparo de los magistrados después de que Ossorio, en su caso, retirara la palabra a uno de sus diputados con el argumento de que estaba “atacando al Poder Judicial”.
Censura de Ossorio
Una de las acusaciones principales que se ciernen sobre la Cámara madrileña de la Comunidad de Madrid desde que Ossorio es presidente de la Asamblea madrileña es la censura a la que somete a los grupos parlamentarios.
Más Madrid elevaba la cuestión a la Comisión de Venecia para que se pronuncie sobre el innumerable bloqueo de iniciativas. La formación que en la Cámara capitanea Manuela Bergerot redactaba un extenso informe recabando datos relativos a las prohibiciones emitidas por la administración de la Puerta del Sol.
Es llamativo que la región que lidera Ayuso ha bloqueado 30 veces más iniciativas presentadas por la oposición que la autonomía capitaneada por Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), Carlos Mazón (Valencia) y María Guardiola (Extremadura).
En números concretos, la autonomía del sur ha inadmitido únicamente 548 iniciativas de un total de 57.729, o lo que es lo mismo, un 0.95%. El número baja hasta el 0% en el caso valenciano, dentro del apartado de Proposiciones No de Ley no admitidas; un 0,53% si se pone el foco en preguntas escritas (el gobierno de Mazón inadmitió 74 de 13.752). En lo que respecta a Extremadura el porcentaje crece, es cierto, pero se mantienen muy alejado del porcentaje de la capital (un 3,92% en cuanto a comparecencias vetadas y un 2,63% en lo que respecta a preguntas-respuestas escritas).
