La oposición lleva años denunciando la “censura” a la que se enfrentan en la Asamblea de Madrid cada vez que intentan poner sobre la mesa de manera formal temas que “incomodan” a la lideresa regional como pueden ser los negocios de su novio, Alberto González Amador, o los protocolos de la vergüenza que su gobierno firmó durante el Covid y que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales.
El número de iniciativas que el equipo ‘popular’ ha prohibido en la Cámara Baja es escandaloso, especialmente si los datos se comparan con los de otras autonomías, incluso de tinte conservador como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura.
En números reales, según la radiografía que ha proyectado Más Madrid y a la que ha tenido acceso ElPlural.com, la Comunidad de Madrid ha interrumpido 13.466 iniciativas de un total de 44.482, es decir, un 30%. Pero es que el número es también mucho más abultado en la presente legislatura que en las anteriores, cuando el PP gobernaba con Ciudadanos.
De esta manera, en la legislatura X (2015-2019), la Mesa impidió 3.090 iniciativas de 42.850 (7,21%) -aquí aún no estaba el partido naranja-, mientras que en la legislatura XI (2019-2021) -aquí ya sí, con Ignacio Aguado como vicepresidente- el parlamento de la capital anuló 7.443 iniciativas de 45.243 (16,43%).
En la actualidad -entendiendo como tal entre 2023 y marzo de 2025, con mayoría absoluta el PP- la formación de Díaz Ayuso ha vetado 13.711 propuestas de 45.091 (30,40%). La otra lectura de esto el escenario es que la “censura” ha subido considerablemente desde que Enrique Ossorio es presidente de la Asamblea; de hecho, es una de las cosas que recriminan al que fuera consejero de Educación del gobierno de la presidenta. Por aquel entonces, ya era polémico, tal y como demostró con sus palabras con las que defendía que en Madrid no había personas pobres o, en el marco de las acciones, con el caso de los contratos fraccionados de Formación Profesional (FP).
Por comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, la región ha bloqueado 30 veces más iniciativas presentadas por la oposición que sus homólogos Juanma Moreno Bonilla, Carlos Mazón, María Guardiola o Fernández López Miras.
Las cifras demuestran que Andalucía solamente ha bloqueado 548 iniciativas de un total de 57.729 (0,95%). Se trata de un número que se queda en el 0% en el caso valenciano, dentro del apartado de Proposiciones No de Ley no admitidas; un 0,53% si se miran las preguntas escritas.
Por su parte, en Extremadura se han vetado 3,92% de comparecencias y un 2,63% de preguntas-respuestas escritas; mientras que la Región de Murcia ha impedido 64 de 870 mociones y Proposiciones No de Ley (PNL) -7,35%-; 11 sesiones informativas (3.33%) y un 2,13% de preguntas escritas, tan solo una decena de 469.
Escapando al ámbito autonómico, en el Congreso, por su parte, se ha dado siempre luz verde a todo a excepción de 26 preguntas con respuesta escrita (0,12%), 16 preguntas orales al Gobierno en Comisión (1,56%) y 26 preguntas el Ejecutivo con respuesta escrita (0,12%).
En el Senado, la situación es igualmente halagüeña. La Cámara Alta solamente ha impedido una Proposición de Ley (PL), otra pregunta oral en Pleno, el 0,88% de iniciativas y un 0,91% de preguntas escritas.
En contra de la ley
Más Madrid proyecta en el escrito su “preocupación” a raíz de las conclusiones extraídas tras recabar los datos con fecha de marzo de este mismo año. “El alto número de iniciativas rechazadas en la Asamblea de Madrid sugiere un uso extensivo de la facultad de inadmisión, lo que podría entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)”, aclara.
“Si la Mesa ejerce su comparecencia de manera desproporcionada y sin motivación suficiente, se corre el riesgo de vulnerar el derecho de los representantes políticos a ejercer sus funciones, y, en consecuencia, el derecho a la ciudadanía a ser representada”, señala.
La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha acusado a Ayuso de convertir la Asamblea en un “órgano censor” que únicamente intenta “impedir el trabajo de la oposición”. “(…) Es una excepción en España”, apuntala a la vez que proyecta cómo con este modus operandi la presidenta se salta la ley porque, según el TC y el reglamento de la propia Asamblea “solo pueden ser criterios formales” por los que se rechacen iniciativas de otros partidos.
