El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, y la Comunidad, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se pasan la bola -como se dice coloquialmente- con el asunto de los colegios que llevan años con un resultado desfavorable en las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE). De hecho, la tensión alcanza tal nivel que el Consistorio ha multado a la región en varias ocasiones, aunque la solución que permita al alumnado acudir a clase en condiciones plenamente óptimas sigue sin llegar.

En el momento de redacción de estas líneas, el Consistorio ha interpuesto más de una quincena de multas a la administración Sol por incumplimiento de las órdenes de ejecución establecidas para casi una decena de centros educativos que no pasan los controles de infraestructuras. Dichas cuantías fueron interpuestas entre 2023 y 2024 y el montante oscila entre los 1.000 y los 3.000 euros, para un total de 27.000. ElPlural.com ha preguntado a la región por este apercibimiento, pero no ha obtenido respuesta.

Entretanto, el PSOE de Madrid (PSOE-M), lamenta en declaraciones también a este periódico que las multas llegan mientras el propio equipo del regidor “incumple su deber de acometer las obras en sus colegios y su obligación de que no haya un solo centro educativo con ITE desfavorable”.

La portavoz de Educación en el Ayuntamiento por parte socialista, María Caso, afea que ambos dirigentes “se echan las culpas entre ellos, pero ninguno hace nada para solventar la situación y frenar el deterioro del pilar más importante de nuestra democracia, que es la educación pública”.

Más de 35.000 alumnos estudian en un escenario desfavorable

La situación afecta a los 70 centros educativos que conforman varios colegios e institutos que y que sufren problemas de humedades, filtraciones, grietas, fisuras, un mal cierre de ventanas, falta de impermeabilización de las cubiertas o falsos techos descolgados. En número de alumnos, son 2.200 niños de 0 a 3 años y 33.400 adolescentes los que acuden a clase en estas condiciones.

Los datos, de los que ya informó este medio, son públicos del Ayuntamiento de Madrid pero los ha recogido el Grupo Municipal Socialista de la ciudad y varios sindicatos; y la situación no es nueva. Hace meses casi el 40% de los colegios públicos de la capital se encontraban en este escenario, pero la situación por tipo de centro y edades que acoge no es mucho mejor se mire done se mire.

Así las cosas, hay que estacar que Madrid dispone de 97 institutos en los que se imparte Educción Secundaria y que son de carácter público. De ellos, 44 de los 90 que se tienen que someter a la inspección la tienen desfavorable; es decir cerca de la mitad.

¿De quién es la responsabilidad?

Mientras Sol y Cibeles se cargan las culpas mutuamente, la comunidad educativa coincide en que es responsabilidad de ambas partes. Así lo explica Miguel Ángel González, del CSIF, en conversaciones con este periódico: “Los centros públicos dependen del ayuntamiento de la población en la que se encuentran, y aun así la región no puede hacer la vista gorda, sino que tiene que estar pendiente porque hay personal adscrito a la Comunidad de Madrid trabajando aquí, por mucho que trabajemos en un centro que es de titularidad del ayuntamiento en el que esté”.

Profesor de profesión, explica a este periódico que “en los centros del centro -valga la redundancia- el responsable es el Ayuntamiento, que tiene que velar porque el sitio esté en condiciones óptimas”, si bien deja claro que “la Comunidad de Madrid debe garantizar que los alumnos vayan a clase con la máxima seguridad”, lo miso que los profesores, que puedan “acudir a trabajar en condiciones aceptables”. En otro orden de cosas, González recuerda que hay colegios que se hicieron durante los Pactos de la Moncloa, allá por los años 80 y que, por lo tanto, necesitan una reforma.

Además de las palabras, los agentes sociales se encuentran analizando caso a caso la situación y no descartan acudir a la vía penal. Asimismo, la oposición lamenta el veto del Partido Popular en tanto en cuanto la derecha no les permite acceder a los centros educativos para comprobar de primera mano los problemas que atraviesan. “Lo hemos solicitado dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos en materia de conservación y mantenimiento, pero la dirección de los centros nos indica que desde la dirección del área territorial de Madrid ciudad, de la Consejería, les han impedido que podamos acceder”.

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