La Formación Profesional (FP) siempre ha sido uno de los talones de Aquiles del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde distintos puntos de vista, desde el escándalo por el fraccionamiento de contratos y obras ilegales en distintos centros educativos hasta la escasez de recursos destinado a este ámbito que, en última instancia y en el caso que ocupa parte de estas líneas, deriva en la falta de oportunidades -también en forma de prácticas- del alumnado.
Comisiones Obreras (CCOO) ponía el acento en esto durante los últimos días alertando de que, otro año más, los estudiantes no tienen garantizadas sus prácticas porque, en esta ocasión ha entrado en vigor una nueva ley que establece la ampliación de las prácticas al primer curso de las enseñanzas. El problema no es tanto el texto como que la transformación se lleve a cabo “sin que se hayan resuelto los problemas que se arrastraban de cursos anteriores y sin plan alguno que recoja las actuaciones necesarias para dar respuesta a esta nueva realidad”.
Isabel Galvín, secretaria general del sindicato, expone que “la Consejería de Educación tiene abandonados los centros públicos de los cuales la Comunidad es titular y con ello pone en riesgo el derecho a la formación de los estudiantes que están matriculados en estos centros”.
Con estas palabras denuncia que la región no se ha adaptado a la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP 2/2022, cuyos cambios requerían de un “desarrollo normativo en cada Comunidad Autónoma” que la de Ayuso ha obviado: “(…) No ha hecho este desarrollo, por lo que tres órdenes y tres decretos están aún pendientes de publicación”.
Por el contrario, la Consejería de Educación, a la que el agente social ha enviado una carta a la que ha tenido acceso este periódico, ha optado por elaborar una resolución publicada el pasado 10 de diciembre en la cual se establece la manera en la que se han de organizar las prácticas tanto de 1º como de 2º a la vez que se regula un nuevo modelo de acuerdo entre los centros y las empresas y aumenta la documentación complementaria. En definitiva: más burocracia, pero poca regulación: “La situación es muy grave”.
El sindicato incide en esta idea y acentúa, entre otras cuestiones, que para poder enviar al alumnado a realizar las prácticas, se exige más documentación a los tutores a modo de selección de personal, lo cual no implica a los docentes y, lejos de facilitarles el trabajo, les supone más “sobrecarga” que otra cosa.
De hecho, se trata de un trabajo que, de base, tienen a veces que hacer fuera de su horario laboral. “Para este trabajo en el horario de profesorado hay reflejadas tres horas semanales según las instrucciones de inicio de curso, mientras en el resto de comunidades es de seis horas”, indica Galvín junto a otra “anomalía”: “Las jefaturas de estudio adjuntas no disponen de liberación horarias. Ambas cuestiones se deben corregir”.
Pagos a las empresas
Alumno y profesorado demandan que algunas empresas -especialmente de determinados sectores- reciben cantidades económicas por parte de los centros privados para que acepten estudiantes, lo que tachan como una “compra-venta de prácticas” que ya ocurrió el curso pasado y sobre la que el sindicato protagonista de estas líneas se encuentra recabando pruebas.
Se trata, pues, de un nuevo intento de “privatización” por parte de la administración ‘popular’; un “auténtico mercado”. “Las distintas condiciones en las que se accede a las prácticas según donde se cursen los estudios son otro elemento para la competencia que fomenta la desigualdad (…)”, concluye Galvín sobre este apartado.
En resumen, los vectores que apunta el sindicato como promotores de esta diferencia de oportunidades son especialmente el último señalado, la excesiva burocratización y la escasez de horas de las que disponen tutores adjuntos para gestionar. Sin embargo, el tema va más allá.
“Exigimos la creación del departamento de prácticas y empresas, generalizar los prospectores, dotar de soporte informático actualizado así como de recursos materiales como ordenadores o terminales telefónicos a los centros, fomentar la coordinación y la colaboración, promover convenios con las administraciones y entes públicos, incentivar a las empresas que incorporan estudiantes en prácticas y perseguir las actuaciones ilegales”, expone la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO a la vez que emplaza al Gobierno Central a que obligue a Madrid a su cumplimiento.
‘Caso FP’
La presidenta de la Comunidad de Madrid está arrinconada por el ‘caso FP’ que tiene que ver con los contratos de centros concedidos “a dedo”, todo un entramado de obras ilegales, concesiones y fraccionamientos que comprometía al anterior equipo de la lideresa y que se saldó con la elevación del caso a la Fiscalía.
Mientras tanto, PSOE y Más Madrid anunciaban esta semana que se personarían en el caso como acusación popular.
