El ‘caso FP’ que salpica a la Comunidad de Madrid por obras irregulares en varios colegios o institutos de la región alcanza ya una decena de centros educativos, según ha podido confirmar este lunes elDiario.es después de conocer que la Fiscalía remitió al juzgado a finales de 2024 la información sobre dos lugares más a los ocho que ya se conocían: El IES Ciudad de los Poetas (Moncloa) y Tetuán de las Victorias (Tetuán).
La Consejería de Educación -los hechos ocurrieron con la administración anterior de la Puerta del Sol- escogió elevar el primer caso conocido a la Fiscalía después de la denuncia pública de un empresario que no había cobrado por las obras realizadas y, ahora, en estos dos enclaves nuevos, se ha llegado a la conclusión de que “se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, según apunta el informe de la Intervención General de la región al que ha tenido acceso el medio mencionado.
En concreto, como ocurre en ejemplos anteriores, queda acreditado que se ha hecho un uso irregular de los contratos menores hasta el punto de que ni siquiera se ha pedido presupuesto a tres compañías distintas como mandan los cánones para que exista una mínima competencia con el objetivo de evitar sobrecostes.
En el caso del centro de Tetuán, de 600 alumnos, prácticamente en su totalidad de Grado Superior, el análisis revela que se han producido contratos recurrentes año tras año con la misma empresa en lugar de sacarlos a concurso. Los servicios donde quedan claro este modus operandi es el de la electricidad, la seguridad o la prevención de incendios, si bien se han producido reformas también en aulas o baños que superaban el importe permitido para una obra menor sin que ésta se saque a concurso, así como suministros que tampoco se han licitado.
En lo que se refiere al IES Ciudad de los Poetas, el informe muestra fallos también en la contratación en tanto en cuanto no se han publicado ni se han pedido tres presupuestos en algunas ocasiones. Igualmente, destaca que se encargan obras a la empresa de mantenimiento sin que existan informes de necesidad preceptivos.
Las direcciones de los institutos se defienden apuntando que, debido a la falta de formación financiero-jurídica de muchos de los responsables, las cuentas se han gestionado siguiendo los usos y costumbres, con la lectura de instrucciones enviadas desde la Consejería o, directamente, por orden directa del departamento, siendo ésta la entidad que ha ido ingresando cantidades para pagar obras, suministros y los gastos de los centros.
Es más, fue la propia Consejería la que se debería haber encargado de sacar a concurso todas las reformas mencionadas y mayores de 50.000 euros, pero no lo hizo. ElPlural.com ha pedido a Educación su versión de las informaciones y, en el momento de publicación de estas líneas no ha obtenido respuesta.
Contratos a dedo, irregulares y troceados
El verano pasado saltaba a la palestra el caso después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar. Como consecuencia, empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación -el escándalo saltó con el actual portavoz de la Asamblea como responsable del departamento, pero esta información se remitió ya con el cambio en el puesto- y se reunió con un asesor de Ayuso.
Fue al comprobar que no existía ningún contrato de aquella operación de manera oficial cuando la Consejería abrió una investigación que salpica a Enrique Ossorio y a Roció Albert, en este segundo caso como viceconsejera; mientras que un inspector recomendó que el caso se pusiera en manos de la justica a la vista de lo grave que eran los hechos y la posibilidad de que el equipo de Sol estuviera cometiendo delitos.
Educación no dijo nada del caso hasta que apareció en medios de comunicación, aunque a partir de entonces se han ido desvelando más casos de obras a dedo en las mismas fechas y con una gestión parecida.
Por su parte, PSOE y Más Madrid pidieron personarse en la causa cuando estaba investigando la Fiscalía, pero una denuncias de Podemos ante juzgado por el mismo caso ha favorecido que se abra una investigación y que se haya centralizado todo en ese juzgado de instrucción, que es el que tendrá que decidir si el caso llega al juicio, qué nombres figurarían en última instancia como responsables, si hay más irregularidades y si todas ellas dan pie a hechos punibles o, por el contrario, se da carpetazo.
