El pasado 13 de marzo, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid inició una cruzada para defender al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tras su confeso fraude fiscal y la posterior querella de la Fiscalía. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la líder regional, declaró ante el Tribunal Supremo el pasado miércoles, donde contradijo sus propias palabras y tiró por tierra sus esfuerzos en difundir bulos, como el de que González Amador no ofreció ningún pacto a la Fiscalía, filtrado por él mismo a El Mundo.
La cronología del caso que envuelve a la pareja de Ayuso permite observar cómo las informaciones tras las que tanto la líder madrileña como su jefe de gabinete se han parapetado para defender al empresario, han ido cayendo por su propio peso. González Amador ha visto en Miguel Ángel Rodríguez un escudero fiel al que poco le importa difundir informaciones falsas a sabiendas con tal de cumplir su objetivo. Sin embargo, poco a poco, se ha ido conociendo la verdad, que podría dejar al responsable de prensa de Ayuso como culpable de un delito de falso testimonio ante el Alto Tribunal.
Los falsos "600.000 euros" que Hacienda debía a González Amador, según Ayuso
El 12 de marzo de 2024, Eldiario.es tiró de la manta, y descubrió el fraude fiscal de Alberto González Amador. Al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso aseguró en rueda de prensa que era la Agencia Tributaria la que le debía "600.000 euros" a su pareja, mismo día en que Miguel Ángel Rodríguez empezó a señalar al fiscal con informaciones que, a posteriori, se demostraron falsas. Esos 600.000 euros a los que hacía referencia la presidenta madrileña eran parte de la compensación que trató de abonar su novio en la declaración del Impuesto de Sociedades en 2023, a sabiendas de que Hacienda no los aceptaría.
Este proceso coleaba desde principios de 2023. En febrero de aquel año, los asesores del empresario le aconsejaron que "ni se podía ni se debía hacer" la reparación del fraude mediante una declaración complementaria, algo a lo que González Amador hizo caso omiso. En los meses posteriores, presentó su declaración del tributo del ejercicio 2022, pagando 629.000 euros e incluyendo como ingresos extraordinarios 1,5 millones, que pretendían compensar dos de las 15 facturas falsas que presentó en 2020 y 2021, y que eran el objeto de la investigación de la Fiscalía.
A principios de 2024, la Agencia Tributaria resolvió en contra de la maniobra del novio de Ayuso, alegando que "la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades de 2022 en la que se intentaría revertir los gastos deducidos en 2020 y 2021 se había producido avanzado el curso de las actuaciones inspectoras". Y es que, como los propios abogados de González Amador trataron de advertirle, una vez iniciada una investigación judicial no se puede regularizar la situación fiscal del contribuyente. De ahí que Ayuso considerara que Hacienda "le debía 600.000 euros a su novio", ya que la Agencia Tributaria debía devolver el dinero abonado a González Amador, algo que ocurrió en el mes de abril.
Los correos del novio de Ayuso y los bulos de MAR
El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador envió un correo confesando "dos delitos contra la Hacienda pública" por parte de su cliente, remitido a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. La defensa proponía al ministerio público un acuerdo de conformidad, en el que González Amador se declararía culpable y abonaría una multa de casi 500.000 euros para evitar la cárcel. El 12 de febrero, el fiscal Julián Salto comunicó al abogado que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos".
Ese mismo día, a pesar de que sabían de antemano que la Agencia Tributaria consideraría irregular la maniobra del empresario, la defensa de González Amador respondió al fiscal informando de la investigación de Hacienda a Maswell Cremona -la empresa del novio de Ayuso- por compensar en la declaración de 2022 lo defraudado en los dos ejercicios anteriores. "Lógicamente, según vaya avanzando este procedimiento inspector le iremos informando a usted y al Abogado del Estado, así como de su resultado. En particular si la Agencia Tributaria considera acreditado este punto, que la cuota fue ingresada con el Impuesto de Sociedades de 2022", decía la misiva del letrado.
Fue después de que se conociera el fraude fiscal de su pareja cuando Isabel Díaz Ayuso habló de la "inspección fiscal salvaje" que estaba sufriendo el empresario. Ese mismo día, Miguel Ángel Rodríguez inició su campaña en favor de González Amador. A las 13:00 horas de aquel 13 de marzo, el jefe de gabinete de Ayuso se dirigió a los periodistas para explicar las palabras de su líder, defendiendo que era "toda una trama corrupta de Hacienda y Fiscalía para llegar a este lío en el que no hay ninguna factura falsa, ninguna trama, ninguna empresa pantalla". Por la tarde, Rodríguez empezó a difundir bulos, asegurando que "Hacienda le debe casi 600.000 euros porque él pago de más cuando abono la multa en julio de 2022. No es verdad que Hacienda le pida eso, ya lo pagó".
Esta última declaración es falsa, tanto en tiempo -fue en julio de 2023, y no en 2022- como en contenido, pues no se trataba de una multa, sino que el novio de Ayuso había abonado ese dinero de manera voluntaria para tratar de evitar la cárcel. A partir de las 18:00 horas, Miguel Ángel Rodríguez comenzó su intento de que el escándalo salpicara al Ejecutivo central, señalando a la Agencia Tributaria por "mal comportamiento" y acusandola de no considerar unos servicios prestados por González Amador para "elevar la cuantía del fraude". Minutos después, el jefe de gabinete aseguraba que el fiscal Salto "le ofreció negociar [a González Amador]", pero que posteriormente se lo prohibieron. Esta información propició el bulo publicado por El Mundo tan solo una hora y media después, en el que toda la información sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía al novio de Ayuso resultó ser falsa.
Fue Miguel Ángel Rodrígez quien puso en contacto a Alberto González Amador con el diario El Mundo, como él mismo declaró ante el Supremo. A partir de las 22:00 horas de ese mismo día, el jefe de gabinete se puso en contacto con los periodistas que habían publicado el bulo -era el novio de Ayuso el que ofreció el pacto a la Fiscalía-, para asegurar que "es la fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes “de arriba” y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio". Esto lo desmintió el propio fiscal Salto ante el TSJM. Para más inri, Miguel Ángel Rodríguez había filtrado a decenas de periodistas el contenido de los correos entre la defensa y el ministerio público sin el permiso de Salto al letrado, Carlos Neira, lo que vulneraría el secreto profesional recogido en el Código Deóntlógico del Colegio de Abogados.
Nueve meses más tarde, sentado frente al juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo, Miguel Ángel Rodríguez ha matizado mucho sus palabras de aquel 13 de marzo, dando a entender que parte de la información era falsa. Ese día, los periodistas le pidieron alguna prueba al jefe de gabinete de esas "órdenes de arriba" de las que habló, a lo que respondió que "fueron de palabra". Rodríguez confesó ante el Alto Tribunal que esta acusación era falsa: "Ya peino canas y lo deduje".
