El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 continúa avanzando en su lucha contra los pisos turísticos que incumplen la normativa. La cartera liderada por Pablo Bustinduy está dando mucho más pasos de los que los especuladores, las plataformas cómplices y la propia ciudadanía se esperaban y, después de bloquear 65.000 anuncios ilegales de la plataforma Airbnb, ha conseguido que la empresa los retire de su web. A la par, ha detectado otros casi 55.000 anuncios (54.728) que incurren en fraude de ley.
Antes de su retirada, la multinacional de los alquileres turísticos había recurrido la decisión ante la Justica en varios ocasiones, pero los tribunales han dado la razón a Consumo y han respaldado su decisión. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien emitió un auto en el que se volvía a rechazar las medidas cautelares que Airbnb solicitó para no acatar la orden del Ministerio de Consumo, avalada por el mismo tribunal en un auto anterior, para bloquear en su plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que no cumplen la ley.
55.000 nuevos pisos ilegales detectados
Como novedad, el departamento liderado por Bustinduy ha revelado que la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado ha detectado otros 54.728 anuncios que no disponen de número de registro oficial, obligatorio desde el pasado 1 de julio, por lo que se presupone que la actuación a seguir será la misma. El siguiente paso, según confirma el propio Ministerio, será el trasladado de la información recabada a la plataforma, como recoge el ordenamiento legal, para que esta elimine los anuncios que incumplen la ley.
En el anterior barrido, las ilegalidades encontradas correspondían a la no inclusión del número de licencia o registro para operar como alojamiento turísticos, algo que es obligatorio en diferentes normativas autonómicas y que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada; el uso de un número de licencia que no corresponde a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir al error o al engaño; y la no indicación de la naturaleza jurídica de los arrendadores (empresa o particular), fundamental para saber si existe protección como consumidor.
Además, Consumo también recuerda que existe un archivo elaborado por los profesionales del ministerio que contiene la tipología de las viviendas (si es habitación o alojamiento completo), la información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma) o los datos disponibles de los anfitriones.
“Con esta acción”, trasladan desde el Ministerio, Bustinduy “ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, algo que aseguran que el ministro ha trasladado en varias intervenciones públicas. En consecuencia, “la Unidad de Análisis de Consumo va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos”, garantizan.
