Pablo Bustinduy da un paso más en su combate contra los pisos turísticos ilegales que plataformas como Airbnb tienen desplegados por el territorio español. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha bloqueado más de 65.000 anuncios "ilegales" que la compañía aloja en su plataforma. Así, ha instando a la filial irlandesa de la multinacional a eliminar hasta 65.935 anuncios "ilícitos" que contravienen la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos, que están dañando gravemente el tejido habitacional y económico de las ciudades.
Airbnb ya había sido advertida por la Dirección General de Consumo, a través de resoluciones en las que se notificaba la ilegalidad de estas decenas de miles de anuncios de viviendas turísticas, todas ellas de completo uso turístico que vulneran la normativa autonómica, y se instaba a la plataforma a bloquear su publicidad. Sin embargo, la empresa decidió ignorar estos llamados y acudió a la Justicia para evitar tener que tomar cartas en el asunto, pero la maniobra le ha salido mal después de la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La resolución avala las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Bustinduy e insta a retirar 5.800 anuncio de pisos turísticos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi de “manera inmediata”. Apoyándose en esta resolución, Consumo bloquea los otros 60.000 por considerar que incurren en las mismas ilegalidades, entre las que distingue tres. Por un lado, la más común es que los anuncios no incluyen número de licencia o registro, algo obligatorio según varias normativas autonómicas. No obstante, esta no es la única de las malas prácticas.
Otra de las infracciones es la no indicación de la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que significa no se especifica si el que realiza el negocio es un empresa o profesional establecido o un particular. Esta cuestión es “fundamental”, según Consumo, para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. Por último, otro de los incumplimientos es la incorporación de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras”, denuncia el Ministerio.
Consumo, a la caza de los especuladores de vivienda
Por todo ello, Bustinduy ha trasladado su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para “acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, así como para “favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores”. En esta línea, desde Consumo se está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y que pueden sumarse a la elevada actividad que el Ministerio viene desarrollando estos últimos meses.
“El Ministerio redobla su compromiso con esta causa aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados”, expone Consumo, que recuerda que ya ha abierto tres expedientes sancionadores: uno en diciembre de 2024 a Airbnb, otro en febrero de este año a empresas de la misma naturaleza y el último en marzo a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos.
